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Columnas

En el triángulo

El fin de semana lo viví con la tranquilidad de estar saliéndome de la mazmorra judicial capitalina y entrando a triángulos más equitativos y profesionales.

Por Sergio Aguayo Quezada

Durante la semana pasada reviví tres años y medio en tribunales capitalinos y federales. Comparto significado, lecciones y tareas.

            La demanda de Humberto Moreira en mi contra, por 10 millones de pesos, nunca buscó restañar su honor; para mí, ha sido un ejercicio de intimidación y desgaste que ha buscado arruinarme por investigar la manera como los Zetas se apoderaron de varias regiones de Coahuila, cuando él era Gobernador de esa entidad. Es de elemental justicia añadir que, otro gobernador Moreira -Rubén- fue protagonista de la “reconquista” de esa entidad.

            Durante todo este tiempo he deambulado al interior de un triángulo con tres vértices: 1) La angustia y zozobra ante la posibilidad de una derrota, posible por la parcialidad de un Poder Judicial capitalino inclinado a favor de Moreira -salvo excepciones como las del juez Francisco Castillo- 2) la esperanza de que algún día mi caso llegaría a una justicia federal bastante más confiable y, 3) la necesidad de olvidar el litigio, para evitar la contaminación de las investigaciones que realizo sobre Coahuila. Pese a los altibajos de la demanda, en abril presentaremos un tercer estudio: En esta ocasión sobre la derrota Zeta en La Laguna.

            La semana pasada todo se aceleró. Hubo tres momentos clave. El lunes, la justicia capitalina me informó del embargo de mi patrimonio para garantizar el pago a Moreira, por 10 millones de pesos- lo que desató oleadas de solidaridad- y, el miércoles, la Suprema Corte anunció que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondría la atracción del asunto; y el viernes, el Consejo de la Judicatura me hizo saber que mi queja había sido aceptada y juzgarán el comportamiento del magistrado que abanderó la ofensiva en mi contra.

            El fin de semana lo viví con la tranquilidad de estar saliéndome de la mazmorra judicial capitalina y entrando a triángulos más equitativos y profesionales. Considero la solidaridad recibida -que agradezco profundamente- como un referéndum a voz alzada por la libertad de expresión. Con eso en mente, enumero las principales lecciones y tareas.

            Primera. Es indispensable mejorar las leyes federales; tienen vacíos jurídicos como el que ahora permite el florecimiento de un método inventado en Singapur: Presentar costosas demandas judiciales para arruinar y silenciar a periodistas independientes. Está a punto, me dicen, una propuesta elaborada por Artículo 19, Fundar y otras organizaciones que están recogiendo apoyos entre un buen número de legisladores. Debemos apoyarlos para lograr su aprobación.

            Segunda. Otorgar muchísima más atención al funcionamiento de los sistemas judiciales de las 32 entidades. Algunos son reductos del pasado que pervierten y lastran una democracia en construcción. El caso del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX llama la atención, porque resultan inconcebibles los testimonios sobre el tráfico de influencias y la corrupción, en una entidad gobernada por la izquierda desde 1997. Morena tiene la fortaleza en la capital para limpiar ese foco de infección; una tarea indispensable en el combate a la inseguridad.         

            Tercera. Durante la semana pasada se hizo evidente la influencia del periodismo independiente, cuando logra consensos mínimos. Resulta urgente fortalecer las organizaciones de (y para) periodistas existentes para mejorar la defensa de un gremio y una libertad de expresión bajo asedio; las prioridades serían la protección de colegas trabajando en las regiones más conflictivas, el monitoreo del Mecanismo de protección creado por la secretaría de Gobernación y la capacitación intensiva sobre formas exitosas ensayadas en otros países, para informar sobre las actividades del crimen organizado.  

            Me resulta imposible anticipar la evolución de mi caso en los tribunales de la capital y, tal vez, la Suprema Corte. En el mejor de los casos, al juicio le restan entre seis meses y un año. Inicio esta espera, argumentado que el himno a favor de la libertad de expresión nos ha dejado tres tareas: Reformar la legislación federal, vigilar los poderes judiciales de los estados y mejorar los sistemas de protección y capacitación del gremio. Son exigencias mínimas, si se recuerda que México es uno de los países más riesgosos para el ejercicio de un periodismo independiente y crítico.

Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer

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