Doblando apuestas

Desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no encuentro una iniciativa de política pública con implicaciones centrales y colaterales más dañinas que la recién anunciada reforma energética. Una verdadera chuza, derribar de una sola vez todos los palos con una sola bola. O, si se prefiere, una carambola: Golpe o colisión entre varios elementos provocado por uno solo. Eso es la reforma energética.

El tema, de gran complejidad en sus aspectos técnicos, es de efectos contundentes y fáciles de entender en varios otros planos. En cada uno de ellos acabas concluyendo, citando al clásico, “¡pero qué necesidad!”.

En lo económico. Según todos los especialistas -dije especialistas y no los que tienen intereses en hacer negocios en el sector- restringir la generación de energía tendrá como consecuencia limitar la competencia, elevar los costos de producción, aumentar los precios, imposibilidad de satisfacer la creciente demanda para el crecimiento de la economía y un posible desabasto.

En lo ambiental. Cuando el mundo avanza hacia la producción de energías limpias y renovables y premia su desarrollo, México se queda anclado al pasado produciendo con combustóleo, eliminando los Certificados de Energía Limpia e impidiendo al país cumplir con las metas de reducción de emisiones frente al cambio climático.

En lo internacional. México, para decirlo suavecito, estará en problemas con su principal socio comercial en distintos capítulos del T-MEC. Si los amparos promovidos internamente en contra de la Ley Energética se dieron por cientos y prosperaron, pronto veremos aquellos producto de violaciones no solo del T-MEC sino de otros acuerdos como los que tenemos con la Unión Europea o el de la Asociación Transpacífico.

En lo jurídico. Una vez más se constata que la certeza jurídica no es un valor para la presente administración y que no se comprende su importancia para la inversión. La reforma, de ser aprobada, implica la cancelación de los permisos de generación eléctrica otorgados y de los contratos de compraventa de electricidad. Se viola pues el principio de no retroactividad y se afectan derechos.

En lo institucional. Para aquellos que todavía tenían duda, ya no basta con cooptar a los órganos reguladores y a los autónomos. Es mejor desaparecerlos, no sea que algunos de los nombrados por el Presidente vayan a presentar aires independentistas o se vayan a salir del huacal. La iniciativa elimina a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por si fuera poco, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelve a ser absorbido por la CFE.

En lo político. Sabiendo de la dificultad de conseguir una reforma constitucional AMLO probó por la vía legal los cambios que creía oportunos en materia de energía eléctrica. Su reforma fracasó gracias a los amparos y acciones de inconstitucionalidad. Enemigo de la derrota advirtió que enviaría una reforma constitucional. Cuando lanzó esa advertencia aún no ocurrían las elecciones intermedias en las que perdió su ventaja de mayoría de dos tercios. Aún así prefirió no negociar y el pasado 1 de octubre dobló la apuesta a sabiendas de que, aún si toda su coalición votara de manera unificada, le faltaría 56 votos. La aritmética parlamentaria no cuadra. ¿Cuál es entonces la racionalidad política?

Especulo. Quizás apuesta a la incongruencia de los diputados y diputadas que en el marco del Pacto Por México votaron en favor de la reforma energética que hoy se quiere eliminar. Si un conjunto de priistas y/o panistas se sumaran a la reforma el beneficio sería doble: Pasaría una reforma que abona al proyecto presidencial de concentración de poder y eliminación de contrapesos y, muy importante, López Obrador habría logrado romper la alianza Va Por México que fue vendida a los votantes no sólo como una coalición electoral de ocasión, sino como una coalición parlamentaria capaz de frenar los excesos del Poder Ejecutivo.

Si la apuesta a la incongruencia le falla, ¿puede lograr su objetivo? No lo sabemos todavía, pero la extorsión en una versión light ya comenzó. En cadena nacional ya profirió: “No es amenaza”, “se va a saber cómo vota cada quién”, “no somos tapadera”. La versión dura de la extorsión pasa por métodos absolutamente ilegales pero no tendría que sorprendernos. Es parte de cómo se ha ejercido el poder antes y ahora.

Y ¿la oposición? Le toca la hora de la verdad y no sólo de la congruencia. Las elecciones intermedias dictaron, entre otras cosas, que no se deseaba continuar con la aplanadora morenista ni con el poder absoluto al Presidente. Será la primera prueba de la responsabilidad frente a sus electores y de si son capaces de mantenerse en la aventura de llegar juntos al 2024.

María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.