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Lourdes Morales Canales

De corruptos y pecadores

 Este mecanismo conocido como "diezmo" consiste en la utilización patrimonialista de los cargos públicos para retener salarios de subordinados y beneficiar a un partido con fines político-electorales.

Por Lourdes Morales

 "El que suscribe, ciudadano 'X' con número de empleado 'Y' adscrito a la administración del H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, vengo a solicitar por mi propio derecho de manera voluntaria, se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser transmitido al Grupo de Acción Política, mismo que deberá ser entregado a la C. María Victoria Anaya Campos, por así convenir a mis intereses". Con este machote de carta, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública; Horacio Duarte, actual administrador general de Aduanas y otros empleados de Texcoco autorizaron una sangría salarial de más de tres años a 550 empleados públicos y trabajadores del DIF municipal.

 Este mecanismo conocido como "diezmo" consiste en la utilización patrimonialista de los cargos públicos para retener salarios de subordinados y beneficiar a un partido con fines político-electorales. A pesar de ser una práctica ilegal, denigrante para el servicio público y sancionable según la ley vigente, el diezmo está lejos de la innovación, pero también de la erradicación. Es una práctica que permite subyugar a empleados públicos orillados a la aceptación o a la renuncia, sin que esto genere mayor costo político o económico a los responsables.

 Por ejemplo, el INE acreditó retenciones salariales a diputados federales del PRD durante las campañas de 2012, sin que en ese momento pudiera aplicarse sanción alguna. En 2015, la Auditoría Superior de Coahuila registró que trabajadores de 22 municipios de Coahuila habían sido presa de la retención ilegal vía nómina por parte de administraciones municipales del PRI, PAN y el partido local Unidad Democrática.

 En 2018, el INE ordenó una multa de 36.5 millones de pesos al PRI por la retención de entre 5 y 10% a los salarios de los trabajadores de Chihuahua bajo el Gobierno de César Duarte. El caso Texcoco se denunció por primera vez en 2017. Los cuatro años que tomó la investigación revelan tanto la red de complicidades, como las fallas en los contrapesos que se necesitan para hacer posible la rendición de cuentas de los partidos políticos. Sólo así se explica que sin consecuencia alguna el Ayuntamiento de Texcoco haya podido negar cuatro veces los requerimientos de información del órgano electoral nacional y que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México pudiera retener información señalando un impedimento legal. También sólo así se explica que los empleados subyugados no pudieran contar con una instancia para escapar a la amenaza si no cedían a su donativo "voluntario".

 La multa por más de 4.5 millones de pesos a Morena por el caso Texcoco es relevante no por el monto, sino por la lógica e implicaciones de la operación investigada. Lo es también que una de las responsables ocupa actualmente uno de los cargos públicos más relevantes para el futuro del País. A la luz de los hechos, la designación de Delfina Gómez responde menos a su condición de género y a su conocimiento de las necesidades educativas “desde el terreno” y se debe más al apoyo de la causa por encima de las leyes.

 Hace más de un año, a propósito de la re-centralización del modelo educativo, el Presidente López Obrador declaró que retener el salario de un trabajador no sólo era ilegal sino un “pecado social”. Ahora sabemos que en el partido la lealtad todo lo purifica.

La autora es coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.

 @louloumorales

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