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Columnas María Amparo Casar

Cambio de piel

Promesa de campaña e iniciativa consentida de López Obrador, vuelve al debate público la revocación de mandato.

Por María Amparo Casar

Promesa de campaña e iniciativa consentida de López Obrador, vuelve al debate público la revocación de mandato. No favorezco esta figura porque alinea los incentivos para que el gobernante busque de manera permanente agradar al electorado independientemente de que las políticas puedan ser irresponsables para la viabilidad del País; a elegir políticas públicas no con base en la rentabilidad a mediano y largo plazo para el País sino a la más inmediata rentabilidad electoral. 

A la vista de las tendencias, es más importante ver el bosque electoral que el árbol de la revocación de mandato. Mal haría la oposición en prestarse a discutirla de manera aislada y no en el marco de las iniciativas que el Presidente y los legisladores de su coalición quieren impulsar.

Al juntar todas ellas, se vislumbra un patrón preocupante por el doble motivo de que Morena tiene la mayoría para cambiar la Ley Electoral y porque el conjunto de modificaciones propuestas llevaría a conflictos que bien que mal habían quedado resueltos: La renovación pacífica de los poderes, la alternancia, la pluralidad, la resolución de disputas por la vía legal y la aceptación, aún a regañadientes, de los resultados de cada elección. Aún en los momentos más precarios y hasta peligrosos para la democracia -como en las elecciones de 2006- el presidente Calderón pudo asumir la Presidencia.

Entre las iniciativas destacan, primero, la reducción de los consejeros del INE porque salen muy caros y no son confiables. El vicecoordinador de Morena -Pablo Gómez- ha propuesto ir más allá: No solo reducir, sino desaparecer el INE. Convertirlo en “lo que siempre debió haber sido, un organismo técnico y no político”, “con empleados técnicos, con las personas más y mejor capacitadas”. Junto con ello está la iniciativa para desaparecer los organismos estatales electorales (Oples). En tercer lugar, el propio Gómez -sin enviar todavía una iniciativa- propone que el Registro Nacional de Electores “mude del terreno electoral al de Registro de Personas y dependa de la Segob, pero con decisiones propias”. Sí. Morena proponiendo que sea Gobernación la encargada.

Más recientemente el propio Presidente se pronunció por reducir el número de legisladores plurinominales. Sí, Morena y AMLO, que en sus personificaciones anteriores como PRD, proponían la desaparición de los legisladores de mayoría para que todos fueran de representación proporcional. La vieja hegemonía se combatió entonces. Ahora se quiere reconstruir desde el poder. Y no, no se propone la cláusula de sobrerepresentación para el partido mayoritario porque ya la tiene por la vía de los hechos.

Junto a estas cinco propuestas también se quiere disminuir el 50% de las prerrogativas a los partidos, desaparecer el financiamiento de los órganos locales y las salas regionales del Tribunal Electoral. Más todavía. Se propone dar relieve a la democracia plebiscitaria basada en consultas populares. Mientras más y con mayor facilidad para ser convocadas desde el poder, mejor.

Viniendo de donde vienen estas propuestas, se puede hablar de un cambio de piel de quienes ayer fueron minoría y hoy son partido mayoritario.

Está claro que el sistema electoral está lejos de ser perfecto. Pero no se puede seguir destruyendo sin antes saber qué es lo que quiere edificarse y tener alguna certeza de que lo que viene es mejor. Lo primero que hay que hacer es fijar el objetivo. Lorenzo Córdova lo ha hecho con claridad: Una reforma que no ponga en riesgo “la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del sistema electoral y el pluralismo en el que hemos avanzado”.

Por lo pronto, apoyándome en el criterio de Pablo Gómez sobre la necesidad de “un órgano técnico, no político e imparcial”, no sería mala idea que la necesaria reforma electoral fuera planteada desde un inicio por un órgano similar: Un Comité Técnico con “las personas más y mejor capacitadas”. Aquellas que puedan plantear una iniciativa integral no desde su posición de poder o condición de mayoría o minoría, sino de especialistas que no tengan interés alguno de beneficiarse de la reforma. Lo que es más, que los integrantes de este Comité queden inhabilitados para ocupar un puesto de representación popular.  

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