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Columnas

Cambiando leyes

Hay leyes permitiendo litigios, armados para hostigar periodistas. En 2016 me demandó Humberto Moreira porque abollé su fama pública en un artículo.

Por Sergio Aguayo Quezada

La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero apadrina la transformación de leyes. Entre las aberraciones del intento, por ahora frenado, regresa la posibilidad de encarcelar a periodistas acusados de dañar reputaciones. Es un retroceso al autoritarismo.

            Hay leyes permitiendo litigios, armados para hostigar periodistas. En 2016 me demandó Humberto Moreira porque abollé su fama pública en un artículo. El juez capitalino Alejandro Rivera Rodríguez le aceptó a Moreira tasar su honor. Me exige 10 millones más los gastos del juicio. Ha buscado intimidarme -supongo- porque investigo la violencia criminal en Coahuila; y él se distinguió por su pasividad ante la brutalidad Zeta. No me ha frenado, pero sí me ha desgastado.

            Los juicios en México son lentos y caros. En los cuatro años transcurridos, hemos presentado unos 300 escritos acompañados de documentos certificados por notarios con mirada de calculadora, con “peritajes” costosos (uno, sicológico, duró 16 horas) y con trámites interminables. Miles de horas y millones de pesos (el despacho Beristain me defiende “pro bono”, pero yo pago los gastos).

            El tiempo y el monto se incrementan, cuando aparecen juzgadores parciales. Durante los primeros ocho meses, Moreira disfrutó del juez Rivera, dispuesto a cumplirle sus peticiones. Logramos que se excusara, pero lo relevó el magistrado Francisco José Huber Olea quien, desde enero de 2017, se ha comportado como soldado de Moreira.

            Ejemplo: En marzo de 2019 el juez 16 de lo civil, Francisco Castillo González, me absolvió. Celebré la victoria, porque el fallo está urdido con solidez. Error: Olea Contró revocó el fallo como presidente de la Sexta Sala y busca el modo de hacerme pagar los 10 millones más gastos. ¿Por qué tanto encono?

            Una pista la dio Luis Carlos Plata en una columna para Zócalo de Coahuila. El 28 de noviembre de 2017, el Gobierno de Rubén Moreira otorgó una notaría al hermano de Olea Contró. En lugar de excusarse por un conflicto de interés prohibido en la norma, el magistrado falló en mi contra dos días después. Y lo ha seguido haciendo, estirando leyes, ignorando criterios internacionales y hasta insubordinándose cuando la justicia federal falló en un recurso a mi favor.

            En ese momento decidí iniciar un litigio ante la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la CdMx. Pedimos revisen la actuación de Olea Contró en mi caso y realicen una auditoría contrastando ingresos y propiedades. De ser responsable, solicitamos su “cese inmediato”.

            Al mismo tiempo, inicié una investigación del magistrado Olea Contró y en las redes sociales  brotaron señalamientos por “acoso sexual hacia sus alumnas”, abusos de autoridad, tráfico de influencias y corrupción. Un alto funcionario del Poder Judicial nos confío en privado, que Olea Contró “encabeza una red de corrupción” que resuelve juicios por “más de mil millones” (como el litigio en la Cooperativa Cruz Azul). Toca al Consejo de la Judicatura validar o rechazar estas versiones.

            La otra cara de esta historia es la solidaridad de colegas, lectores, funcionarios y organizaciones nacionales e internacionales. No busqué esta pelea, pero una vez dentro, la meta es reformar la ley para evitar el acoso judicial a voces críticas. En la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier y Rocío Barrera de Morena y Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, abanderan un esfuerzo impulsado por organizaciones civiles como Propuesta Cívica (cuya OSC presido) y Artículo 19,con el respaldo de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y un largo etcétera.

            Por todo esto, me pareció aberrante el intento de la Fiscalía General de la República de criminalizar las demandas por daño al honor. Entiendo sus frustraciones por la dificultad de resolver problemas enquistados, pero deberían tomar en cuenta la existencia de redes de corrupción en el Poder Judicial. Si insisten en las reformas retrógradas, una consecuencia lógica sería la nominación de Olea Contró a la Medalla al Honor Belisario Domínguez del Senado de esa República.

            Nadie conoce el desenlace, pero si logran cambiar las leyes como quieren, estaremos ante un retroceso gigantesco.

@sergioaguayo

Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer

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