Ex fiscal señala a Maru

ASTILLERO

Una acusación tan delicada como inusual, de traición a la patria, debería merecer un tratamiento político y judicial proporcionalmente cuidadoso, por encima de las minucias electorales o partidistas del momento.

En el caso de Chihuahua cada vez queda más de manifiesto que el Gobierno estatal abrió las puertas a agencias extranjeras para operaciones directas en suelo mexicano, en específico a la Agencia Central de Inteligencia (la CIA). Luego de una primera fase en la que las baterías de la 4T se centraron en la mandataria local, María Eugenia Campos, panista conocida como Maru, en un segundo tiempo se ha bajado la mira para apuntar solamente al ex fiscal general, ya preso, César Jáuregui Moreno, y al ex fiscal especializado en operaciones estratégicas y secuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Hasta ahora, Maru Campos se ha afanado en tratar de escabullir su responsabilidad en general como Gobernadora y, en particular, por haber designado a los citados Jáuregui y Zuany en sus respectivas fiscalías, pues en Chihuahua el nombramiento no es realizado por el congreso estatal sino por quien ocupa el poder ejecutivo.

Ayer, The New York Times (NYT), en una nota firmada por Steve Fisher y Jack Nicos, aseguró que el ex fiscal Zuany fue el “socio especialmente útil” que la CIA buscaba para “expandir discretamente sus operaciones en México el año pasado”. El diario estadounidense afirma que “durante más de seis meses, Zuany acompañó a oficiales de la CIA en el entrenamiento de las fuerzas del estado de Chihuahua, participó con ellas en ciertas misiones y brindó asesoramiento especializado durante operaciones terrestres”.

El diario sostiene que funda su reportaje en “cientos de páginas de documentos inéditos revisados por The New York Times y en entrevistas con dos docenas de funcionarios mexicanos y estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato”. En un párrafo, se asienta: “Alrededor de 2025, la CIA comenzó a trabajar con Zuany (...) los estadounidenses generalmente vestían equipo táctico y estaban armados durante las operaciones, aunque en varios casos llevaban chaquetas con insignias del Estado de Chihuahua”.

La Gobernadora del Estado, sin embargo, asegura nunca haber sabido nada de lo que sucedía. En todo caso, su atención estaba puesta en la terminación de la Torre Centinela que alojaría oficinas para tareas de seguridad pública y un piso para representantes de agencias estadounidenses.

El ex fiscal Zuany, según consignó el NYT, aseguró en un mensaje de texto enviado a los reporteros, que la gobernadora Campos “sí sabía” de las operaciones de la CIA. El reportaje en mención abunda en detalles de actividades abiertas de agentes de la citada agencia en Chihuahua. Señala los esfuerzos de Zuany para evitar que fuesen identificados como miembros de la CIA los dos fallecidos en el accidente carretero que develó los entendimientos del Gobierno de Chihuahua con esa agencia.

Haciendo a un lado el trabajo periodístico aquí reseñado, vale preguntarse si la delicada e inusual acusación de traición a la patria debe quedar sólo en el fiscal general o el ex fiscal especializado o debe reactivarse y fortalecerse la indagación de la responsabilidad de la gobernadora Campos. A menos que convenga a las partes estacionar todo el conflicto solo en dos ex fiscales y bajarle de tono a los señalamientos contra Maru Campos, protegida por los mismos intereses extranjeros que ella permitió actuaran directamente en suelo mexicano.

Y, mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha respondido, por la vía del capitán insurgente Marcos, a las familias buscadoras, “sin y con colectivo”, en relación con la polémica y críticas que algunas agrupaciones han hecho al formato de reuniones establecido por los zapatistas para el próximo mes, ¡hasta mañana, con el partido Morena en ruta de preparación de su plataforma electoral 2027, con riesgo de que sus palabras queden rebasadas por hechos de corrupción y oportunismo que por estos días campean!