Poncio Pilatos tapatío

ASTILLERO

El gobernador jalisciense Pablo Lemus no tuvo alternativa: Corría el riesgo de que lo superara, hora tras hora, la movilización social contra el montaje represivo que el emecista estaba sosteniendo desde el pasado domingo y que, en sus últimas y desmadejadas maromas, pretendía instalar en el penal de Puente Grande a siete de las 39 personas detenidas a causa de las protestas contra el suministro tóxico, sucio y maloliente de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

El empresario-gobernante optó por el recurso de la autoexculpación piadosa: Él no sabía lo que debía saber, los policías se pasaron de la raya por sí mismos, él puede reconocer (pero no se aplica una sanción proporcional a las graves pifias reconocidas) y corregir (pero solo hace promesas, sin una sola acción concreta en lo inmediato), porque “antes que gobernador” es “una persona” (toing: Esta columna se declara en estado de conmoción constitucional y política: ¿O sea que al elegir a un gobernante se vota en dos boletas: Una para el cargo oficial y otra para la “persona”? ¿En qué momentos y bajo qué circunstancias una persona es gobernante y, en otras, un gobernante es persona? ¿Pueden eludirse las responsabilidades del gobernante al aducir que tomó decisiones como persona?).

Lemus permitió o instruyó (a fin de cuentas, los hechos son responsabilidad del Gobernador-persona) que la Policía plantada para cuidar la Casa Jalisco desarrollara una actitud abiertamente confrontacional, provocadora y represiva, al grado de usar gases lacrimógenos y chorros de agua (triste papel asignado al cuerpo local de bomberos) contra los manifestantes.

De esa redada, con policías de civil infiltrados, fueron llevados a la Fiscalía estatal de “justicia” 39 personas, todas las cuales fueron liberadas ayer en su totalidad. Libres, pero con expedientes abiertos en la mayoría de los casos, con documentos firmados tramposamente para eximir de responsabilidad a policías y gobiernos, sin acceso a las carpetas de acusaciones y obligados a asumir para su defensa a abogados de oficio y no a los penalistas solidarios que los detenidos deseaban. Libres, pero golpeados, arrastrados rumbo a la Casa de Tortura Jalisco (residencia oficial de policías torturadores… y del Gobernador), incomunicados durante casi 24 horas y amenazados.

La fallida estrategia del Gobernador-persona intentó desde el primer momento atribuir responsabilidades a un “grupo de choque” integrado por “400 personas” equipadas para agredir y destruir (así lo declaró Lemus). Ese primer apunte del mandatario dio paso a cuentas en redes sociales y medios locales de remarcado control oficialista que trataron de culpar de los hechos a Morena, el Gobierno federal y grupos supuestamente llevados desde otros estados y la Ciudad de México, entre estos, “el bloque negro”. “Morena no entrará a Jalisco”, proclamaban algunas voces movidas con cuerda electoral.

Este primer logro de un incipiente movimiento social tapatío ¿logrará articularse de manera horizontal, participativa, en una especie de contraloría ciudadana sobre el tema del agua (y negocios de la élite relacionados) y la seguridad pública? ¿La visión empresarial de Lemus y el interés electoral de Movimiento Ciudadano tendrán la habilidad para revertir una tendencia que hoy les es adversa? ¿Cumplirá el Gobernador naranja sus promesas forzadas o pronto regresará al modo fresoide?

Y, mientras se mantiene la vista puesta en que la crisis hídrica es uno de los puntos rojos de la realidad jalisciense, pues ahí siguen la especulación inmobiliaria, el liderazgo nacional en personas desaparecidas, los graves problemas ambientales, la inseguridad pública, el asomo de los negocios israelís (aunque Lemus diga que no) y los cacicazgos y élites dominantes… ¡hasta mañana, en espera de los resultados de la “consulta sindical” charra que ayer fue descalificada de antemano y repudiada masivamente por trabajadores del Seguro Social!

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

El autor es periodista, abogado y escritor mexicano, colaborador en distintos medios nacionales.