Las propuestas de Mazzucato para México

Ayer glosé el diagnóstico del reporte “Transformación del Estado para el Plan México: Un enfoque por misiones para alcanzar una prosperidad compartida” de una de las heroínas de la izquierda mexicana ilustrada, la economista Mariana Mazzucato, en coautoría con Lara Merling. Hoy resumo sus propuestas.

Las autoras proponen transformar la manera en que el Estado ejecuta el Plan México.

Su apuesta consiste en coordinar inversión, crédito, compras públicas y regulación alrededor de objetivos verificables. El propósito es una política industrial que genere capacidades nacionales y bienestar, con obligaciones explícitas para quienes reciben recursos públicos.

La primera propuesta es convertir las prioridades del plan en misiones: Resultados concretos, medibles y sujetos a plazos.

El informe propone cinco grandes áreas: Fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, seguridad hídrica, salud para todos, soberanía energética y soberanía alimentaria.

Para ejecutarlas, se propone un consejo interinstitucional con poder efectivo para definir prioridades, alinear propuestas presupuestarias y financiamiento, resolver obstáculos y publicar evaluaciones. Participarían Hacienda, secretarías sectoriales, banca de desarrollo, empresas públicas, reguladores, gobiernos locales, universidades y actores sociales.

Una misión sanitaria, por ejemplo, debería precisar qué productos se busca fabricar nacionalmente, en qué proporción y para qué fecha.

Mazzucato y Merling proponen que los proyectos demuestren aportaciones productivas o sociales, lo cual debe acompañarse de clasificación transparente, evaluación publicada y escrutinio independiente. También sugieren modificar las reglas fiscales para proteger la inversión pública productiva, evaluando no sólo el déficit y la deuda, sino también los activos y el patrimonio que genera esa inversión.

Por lo que toca a la agenda tributaria, se tendría que ampliar los ingresos del Estado de manera progresiva, lo cual incluye considerar gravámenes sobre grandes patrimonios y herencias, fortalecer el predial, revisar la tributación de dividendos y ganancias de capital y evaluar impuestos al sector financiero o a beneficios extraordinarios.

CFE, Pemex y organismos como Conagua deberían incorporar los objetivos del plan a sus inversiones y criterios de desempeño. El informe pide una función permanente de coordinación que supervise su contribución conjunta, comparta capacidades y evalúe resultados económicos, laborales y ambientales junto con su situación financiera.

Para las empresas privadas, propone condicionar créditos, incentivos, contratos y concesiones a compromisos verificables: Inversión adicional, desarrollo de proveedores, transferencia tecnológica, trabajo digno, acceso asequible y uso responsable de recursos.

Cuando el Estado asuma riesgos que generen ganancias privadas importantes, podría participar mediante acciones, regalías, reparto de beneficios o compromisos de reinversión. Los apoyos, condiciones, plazos y consecuencias del incumplimiento deberían ser públicos y estandarizados.

Hacienda coordinaría a Nafin,

Banobras, Bancomext, Fonadin y FIRA como un sistema, con criterios comunes para financiar intervenciones complementarias.

Las Afores podrían participar mediante vehículos adecuados a su horizonte, con salvaguardas fiduciarias. Banco Mundial, BID y CAF aportarían garantías, plazos largos, instrumentos en moneda local y preparación de proyectos a través de instituciones nacionales.

Las compras gubernamentales crearían demanda previsible mediante planes anticipados, contratos plurianuales y coordinación entre instituciones. Dividir contratos en lotes, apoyar consorcios y ofrecer asistencia técnica facilitaría la participación de proveedores pequeños.

El documento propone la formación permanente de funcionarios en coordinación, gestión de riesgos y evaluación; un laboratorio público de innovación con personal de carrera y financiamiento estable; y sistemas digitales interoperables.

Comunidades, trabajadores y productores participarían desde el diseño hasta la evaluación. Los incentivos de los polos de desarrollo incorporarían obligaciones sobre proveedores locales, empleo, cuidados y sostenibilidad.

La restauración de la cuenca de Tula podría servir como piloto para combinar estas herramientas antes de extenderlas. El financiamiento integraría tratamiento, reutilización, riego y proveedores tecnológicos. Los contratos exigirían resultados sobre calidad del agua y reducción de contaminantes; concesiones y permisos incluirían obligaciones ambientales. Un tablero público permitiría seguir avances y ajustar decisiones. El producto esperado sería tanto una cuenca recuperada como un modelo de ejecución probado y adaptable.

Mañana: Una lectura crítica de las propuestas de Mazzucato.

LEO ZUCKERMANN

@leozuckermann

Leo Zuckermann es analista político / periodista y conductor de un programa de opinión en televisión.