Ayotzinapa, doce años después

Juegos de poder

El tiempo vuela. Hace poco se cumplió un aniversario más -el doce- de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por desgracia, conforme pasan más años, los recuerdos se van borrando. No así para las madres y padres de las víctimas. Esa nefasta noche del 26 de septiembre de 2014 sigue sin terminar. Han pasado tres gobiernos y todavía falta una explicación completa, comprobable, de lo que ocurrió con sus hijos.

Regreso a mis columnas que he escrito sobre el tema y me encuentro con la misma rabia. He hablado de un Estado incapaz de encontrar a los desaparecidos y hacer justicia a sus familias. Con un agravante: Hemos acumulado ya doce años de promesas, expedientes e investigaciones sin resolver la pregunta esencial.

Hace seis años, en 2020, describí tres escenarios para los padres: La esperanza de encontrar vivos a sus hijos, el horror de saberlos muertos y el peor de todos, la duda eterna. Hoy, otros seis años después, las familias siguen atrapadas en ese último escenario. La desaparición les impide saber dónde buscar, qué esperar y cómo despedirse.

Sí ha habido hallazgos. Se han identificado restos de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Hay que reconocerlo y nombrarlos. Pero identificar fragmentos de tres muchachos no equivale a esclarecer la desaparición de los 43. De los otros 40 no se conoce el paradero. Tampoco existe una reconstrucción completa del destino de todos.

La llamada “verdad histórica” del Gobierno de Peña quedó desacreditada. El trabajo de los expertos independientes mostró graves fallas en la investigación. La fabricación de una explicación tiene una consecuencia devastadora: Obliga a las familias a luchar contra las autoridades de las que deberían recibir ayuda. Y compromete la posibilidad de castigar a los responsables con pruebas válidas.

López Obrador convirtió el esclarecimiento de Ayotzinapa en una de sus grandes promesas. Su Gobierno creó una comisión para la verdad y, en 2022, calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”. Un reconocimiento de enorme gravedad. Sin embargo, terminó el sexenio sin cumplir la promesa central. Las familias siguen buscando a sus hijos.

Hace años vengo preguntando, como muchos, por qué los soldados no habían protegido a los estudiantes y qué sabían de su desaparición. Hoy esas preguntas tienen detrás informes, documentos y actuaciones judiciales. En 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se retiró al considerar que no existían condiciones para continuar. La CIDH ha recogido los reclamos por la falta de entrega de información militar.

El problema sigue abierto. En febrero de 2026, un tribunal ordenó entregar 853 páginas de inteligencia militar cuya existencia había sido negada. ¿Cómo puede esclarecerse un crimen si las familias tienen que litigar para acceder a información del propio Estado? Investigar a integrantes del Ejército exige pruebas y respeto al debido proceso. También exige que la institución entregue la información necesaria. Su prestigio no puede depender de mantener archivos fuera del alcance de quienes buscan la verdad.

Sheinbaum recibió esa deuda. En septiembre de este año, los investigadores presentaron nuevas líneas sobre funerarias y comunicaciones telefónicas. Hay que indagarlas con rigor. La posibilidad de que se hubieran utilizado instalaciones funerarias para deshacerse de cuerpos es estremecedora. Pero sigue siendo una hipótesis sobre el destino de los estudiantes. Las familias ya conocen el daño que causa presentar como certeza una explicación que después no resiste el examen de las pruebas.

Como padre, vuelvo a pensar en lo que he escrito en múltiples ocasiones: Una madre buscando un cepillo de dientes, un peine con cabellos o un diente de leche para entregar material genético. Objetos que guardaban recuerdos de la infancia convertidos en herramientas para identificar restos. Trato de imaginar esa escena doce años después y me resulta dolorosa.

También pienso en los jóvenes que sobrevivieron y en las familias de quienes fueron asesinados aquella noche. Ayotzinapa dejó vidas destruidas mucho más allá de los 43 desaparecidos.

El paso del tiempo no absuelve al Estado. Agrava su responsabilidad por cada oportunidad perdida de investigar y buscar. Peña dejó una investigación desacreditada; López Obrador, una promesa incumplida. Sheinbaum tiene que responder por lo que haga ahora. Ninguno puede exigir a las familias que esperen indefinidamente.

Hace seis años cerré mi columna preguntando si algún día los padres sabrían dónde habían quedado sus hijos. Me niego a aceptar que dentro de otros seis tenga que escribir la misma pregunta.

Leo Zuckermann

Twitter: @leozuckerman