Prohibido reír

Denise Dresser

El meme es el nuevo cartón político. La caricatura de nuestro tiempo. El grafiti de la plaza pública digital. Condensa una crítica en una imagen, pincha la solemnidad del poderoso, vuelve viral lo que antes hacía un monero con plumón. Y ahora quieren regular el territorio donde vive. La denominada “Ley Antimemes” no se llama así y tampoco dice que “queda prohibido burlarse del Gobierno”. Conviene aclararlo porque exagerar el contenido de una ley termina ayudando a quienes quieren minimizar sus riesgos. Bajo esa etiqueta se han mezclado reformas distintas sobre propiedad industrial, identidad gráfica gubernamental, derechos de autor y responsabilidades de proveedores de Internet. El problema no está solamente en lo que sus defensores dicen que pretende hacer la legislación. Está en lo que puede permitir hacer.

La iniciativa busca castigar la utilización, reproducción o imitación de la identidad gráfica de instituciones públicas para inducir al engaño. Tras las críticas, el Senado corrigió la redacción original, redujo las penas previstas y acotó algunos supuestos. Bien. Combatir páginas fraudulentas que imitan al SAT para robar datos o dinero es perfectamente defendible. Pero entonces legislen sobre fraude. No sobre expresiones suficientemente amplias que obligan a preguntarnos si también caben ahí la parodia y la sátira.

Porque con la ambigüedad comienza la pendiente resbaladiza. ¿Qué ocurre con un caricaturista que monetiza su página? Con un influencer que obtiene ingresos de sus contenidos? Con un medio que publica una parodia utilizando un logotipo oficial? Quién decide cuándo una imitación pretende engañar y cuándo pretende hacer reír? Los memes viven precisamente de apropiarse, recortar, modificar o mezclar una fotografía. Una película. Una canción. Un logotipo. Una cara. Ese es su lenguaje.

Y cuando el incentivo para las plataformas es bajar primero y preguntar después, aparece el verdadero peligro. No necesariamente la censura directa, sino la autocensura preventiva. El contenido que desaparece porque resulta jurídicamente más barato eliminarlo que defenderlo. Por eso la pregunta correcta no es si mañana alguien irá a prisión por ponerle cola de rata a Claudia Sheinbaum. La pregunta es por qué una legislación que toca directamente la expresión digital no contiene salvaguardas inequívocas para la sátira, la parodia, la caricatura y la crítica política.

La ambigüedad también censura. Censura cuando el ciudadano no sabe dónde está la raya. Cuando el creador decide no cruzarla. Cuando el medio consulta al abogado antes de publicar el chiste. Y el contexto censurador importa. Venimos del “Quién es quien en las mentiras”, de funcionarios exhibiendo críticos desde Palacio Nacional, de listas de supuestos “amplificadores”, de iniciativas para monitorear el ecosistema digital. Y por eso cualquier facultad vaga merece escrutinio especial.

Sobre todo en un País donde hablar puede costar la vida. El Human Rights Center de UC Berkeley acaba de publicar una investigación estremecedora sobre el sexenio de AMLO. Documentó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre 2018 y 2024. De ellos, 78 eran periodistas y 259 defensores. El estudio también documenta vigilancia, hostigamiento digital y procesos legales abusivos, y calcula niveles de impunidad de entre 93 y 99%. Evidencia a un Gobierno que no consigue proteger a quienes hablan, pero quiere ampliar las reglas sobre cómo hablan. Un Gobierno que no esclarece asesinatos pero quiere esclarecer memes. Un Gobierno que no logra contener la violencia, pero quiere contener el sarcasmo.

México necesita combatir deepfakes, fraudes, suplantaciones y robo de propiedad intelectual. Pero puede hacerlo sin convertir el humor en daño colateral. Porque la sátira política es incómoda por definición. Deforma. Exagera. Descontextualiza. Ridiculiza. Carlos Salinas tuvo sus orejas. Vicente Fox sus botas. Enrique Peña Nieto sus libros leídos. López Obrador sus estampitas. Sheinbaum ya tiene sus memes. Así debe ser. El poderoso que sólo tolera el humor cuando apunta hacia otro lado no defiende la libertad de expresión. Defiende su derecho a no ser molestado. Por eso la ley debe escribirse con bisturí y no con hacha. Porque cuando el Gobierno empieza a decidir qué chiste cruza la raya, el problema ya no es el meme. Es quién tiene el poder de borrar la sonrisa.