Los dilemas de la Presidenta

JORGE RAMOS

Estas dos preguntas siempre me parecieron periodísticamente apropiadas y fáciles de contestar para cualquiera que se considere un demócrata: ¿Es Cuba una dictadura? ¿Consideras que Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han sido dictadores?

Las respuestas son sí y sí.

No hay que darle mucha vuelta a la historia para saber que desde 1959 Cuba ha sido una brutal dictadura, con prisioneros políticos, asesinatos de opositores, una férrea censura de prensa, frecuentes violaciones a los derechos humanos y la prohibición de elecciones multipartidistas. Si queremos saber cómo se reprime a un pueblo por décadas, basta con echarle un vistazo a la isla.

Pero algo les pasa a muchos políticos latinoamericanos de izquierda que no pueden criticar públicamente a Cuba. Es como si la lengua se les hubiera hecho un nudo. Argumentan que hay un bloqueo estadounidense -cosa que es cierta- y ahí se quedan. No pueden (o no quieren) decir la verdad: que el bloqueo no justifica, ni explica, la tiranía.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, ganó legítimamente las pasadas elecciones en México. Sin embargo, no se atreve a pedir por los cubanos los mismos derechos democráticos que tenemos los mexicanos. Imposible sacarle en la mañanera que diga que Cuba es una dictadura y que Díaz-Canel es un tirano.

Y cuando Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, dijo hace poco que “aquí no volverá a haber elecciones”, Sheinbaum tampoco se atrevió a criticarlo. Por el contrario, su Gobierno se abstuvo de votar en una resolución de la Organización de los Estados Americanos que condenaría al régimen de Managua. Dicho sea de paso, Sheinbaum tampoco le llamó dictadura a la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde mi punto de vista, pierden mucho los demócratas (de cualquier bando) cuando se niegan a reconocer lo que todos sabemos: Que Cuba, Nicaragua y Venezuela son unas brutales dictaduras. Denunciar cualquier dictadura, del signo que sea, no debería de ser un complicado dilema moral. Pero Sheinbaum ya tomó partido con los opresores.

Otro dilema para la presidenta mexicana es el tema del narcotráfico y las acusaciones a miembros de su partido. ¿Qué debe hacer cuando militantes del partido Morena son acusados o son sospechosos de colaborar con el crimen organizado? Desde el punto de vista moral, quitando todas las consideraciones políticas, la respuesta es sencilla: denuncias los delitos, separas a los acusados de sus puestos y los entregas a las autoridades para que los investiguen y enjuicien, si hay evidencias.

Suena fácil, pero en la práctica se trata muchas veces de gente que colaboró con ella o su campaña, y que tiene viejas conexiones con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de un movimiento reformador en México. Este es el caso de Rubén Rocha Moya, quien fuera gobernador de Sinaloa, que ahora está en licencia, y que es uno de 10 funcionarios mexicanos solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ser extraditados de México.

“No protegemos a nadie”, dijo Sheinbaum recientemente a la prensa. “Pero para detener a alguien, tiene que cumplirse con la ley mexicana”. El problema es que la ley mexicana andaba de parranda hasta que Estados Unidos hizo el requerimiento de extradición. “Si [México] no va a hacer el trabajo”, ha amenazado el presidente Donald Trump, “lo haremos nosotros”.

Sí, las cosas se complican cuando es el Gobierno de Estados Unidos el que hace las acusaciones. El gabinete de seguridad de Sheinbaum ha presumido en los últimos meses de que en México hay una reducción significativa en los crímenes de alto impacto y en los homicidios dolosos. Pero para Trump el asunto es de fondo: “Tenemos un problema porque los carteles controlan a México”.

Y entonces Sheinbaum lo ha vestido como un tema de soberanía. Su argumento es que Estados Unidos no le va a decir a México qué hacer, ni siquiera cuando algunos de sus políticos pudieran estar vinculados con los narcos.

El dilema es complicado. No sólo se trata de mantener a Trump a distancia y de evitar que realice una operación militar unilateral en territorio mexicano, sino también de separarse de personajes que están en el partido y que pudieran estar corrompidos por el crimen organizado.

El punto está muy claro: a pesar de las presiones internas, la presidenta no puede dar la impresión de que es cómplice y está protegiendo a miembros de su partido vinculados al crimen organizado. Desde fuera -y es donde estoy parado- se ve como un momento clave: o se independiza y marca rumbo propio, o caerá envuelta en la politiquería y los arreglos de cuartito oscuro.

Uno de los dos dilemas de la presidenta está resuelto hace mucho. A pesar de pensarse y asumirse como una demócrata, no le va a dar la espalda a los mitos de la revolución cubana y a otros regímenes autoritarios de izquierda. Les ha dedicado tanta pasión, tiempo y esfuerzo, que sería imposible para ella virarse a estas alturas de la vida.

El otro dilema es el que está pendiente. ¿Gobernará con independencia o protegerá a sus aliados y partidarios, aunque estén embarrados por la corrupción? Lo que decida marcará el resto de su Presidencia.