La inseguridad pone en riesgo 4,000 millones de dólares

Eduardo Ruiz-Healy

Estados Unidos anunció ayer la reanudación total de sus operaciones en Michoacán y, con ellas, de las inspecciones necesarias para exportar aguacate a ese país. Fueron suspendidas el 5 de agosto por razones de seguridad.

La suspensión estuvo relacionada con la violencia registrada después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, líder del Cártel de Los Reyes, célula armada de Cárteles Unidos, organización declarada terrorista extranjera por EE.UU en febrero de 2025. EE.UU ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por su captura. También hubo versiones de amenazas contra un inspector del Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA).

Para conseguir que los inspectores regresaran, el Gobierno federal desplegó más de 1,500 soldados y elementos de la Guardia Nacional y acordó nuevas medidas de seguridad con la embajada estadounidense.

No es la primera vez. En 2022 EE.UU suspendió temporalmente las inspecciones después de que un inspector recibiera una amenaza. En junio de 2024 volvió a hacerlo después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos en Michoacán. Tres suspensiones en cuatro años muestran que el problema dejó de ser excepcional.

El caso es importante debido a que está en juego mucho dinero porque México produce unos 2.7 millones de toneladas de aguacate al año y para 2026 se esperan unos 2.8 millones. Michoacán es, por mucho, el principal productor.

En 2025 México exportó aguacates por unos 3,900 millones de dólares y EE.UU compró alrededor de 3,650 millones, más de 90% del valor exportado. México concentra cerca de 40% del valor de las exportaciones mundiales de aguacate. El fruto ya representa 7.4% del valor de toda la producción agrícola mexicana.

Para Michoacán su importancia es todavía mayor. El Gobierno estatal calcula unos 48,000 productores, 94 empacadoras y más de 150,000 empleos directos e indirectos relacionados con esta agroindustria. La cadena aguacatera equivale a cerca de 4% de la economía estatal y 40% de su PIB agropecuario. Otras estimaciones colocan en más de 200,000 los empleos vinculados con la cadena a nivel nacional.

La suspensión de una semana no dejó sin aguacates a los supermercados estadounidenses porque había inventarios y producto en tránsito. Pero impidió certificar nuevos embarques, alteró entregas y generó costos e incertidumbre para productores, empacadores, transportistas y compradores. Demostró nuevamente que la delincuencia organizada afecta el comercio exterior mexicano.

Los grupos criminales extorsionan a productores, transportistas y comerciantes y una amenaza contra un inspector estadounidense puede suspender las inspecciones; sin ellas no se certifican nuevos embarques y una industria que exporta casi 4,000 millones de dólares al año empieza a paralizarse.

El Gobierno logró que los inspectores regresaran, pero desplegar militares después de cada crisis no puede ser la solución. Debe existir una acción permanente para proteger a los inspectores y sus rutas, reforzar la seguridad en las zonas productoras y empacadoras, combatir las redes de extorsión y establecer con EE.UU protocolos para reaccionar a cualquier amenaza sin paralizar nuevamente las exportaciones.

Tres suspensiones en cuatro años son demasiadas. El Gobierno debe evitar que haya una cuarta.

Eduardo Ruiz-Healy

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