760 mil millones de pesos no se lavan solos

EDUARDO RUIZ HEALY

El 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 39 personas y 16 empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicadas a gasolineras, producción de tequila, agricultura, venta de ropa, calzado infantil, seguridad privada y suplementos deportivos.

Es la mayor acción financiera emprendida contra ese cártel. Ninguna de esas empresas se constituyó sola, alguien tuvo que redactar el acta constitutiva y comparecer ante notario, alguien la inscribió en el Registro Público de Comercio, tramitó el Registro Federal de Contribuyentes, abrió cuentas bancarias y llevó la contabilidad ante el fisco. Para eso se requieren conocimientos que no se improvisan.

El gobierno de EE.UU calcula que el crimen organizado en México lava alrededor de 44 mil millones de dólares al año, que equivalen a unos 760 mil millones de pesos, cifra que es comparable al presupuesto anual completo de varias secretarías federales juntas y representa cerca del 2.5% del PIB de México. Mover ese volumen a través de negocios formales exige muchas más estructuras corporativas y muchos más especialistas de los que aparecen documentados en los expedientes públicos.

Sin embargo, dos décadas de investigaciones muestran una desproporción entre el tamaño de las redes financieras descritas por las propias autoridades y el número de profesionistas identificados como parte de ellas.

En 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sancionó a tres abogados mexicanos vinculados con Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, y con el desde hace años fallecido Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, cofundador del Cártel de Sinaloa.

En julio de 2024 el Tesoro sancionó a tres contadores mexicanos con sede en Puerto Vallarta y a cuatro empresas vinculadas a fraudes de tiempos compartidos operados por el CJNG. En 2025, un abogado mexicano se declaró culpable en EE.UU de lavar más de 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa. Pocos casos en 11 años, frente a cientos de personas y empresas sancionadas y miles de detenidos en México.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental con sede en París que fija los estándares mundiales contra el lavado de dinero, desde hace años ha advertido sobre la vulnerabilidad de abogados, notarios, banqueros, contadores, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios corporativos cuando son usados para ocultar al beneficiario final de empresas, y los identifica como piezas críticas para prevenirlo.

Nadie sugiere que todos los abogados, banqueros, notarios o contadores participen en actividades criminales. La inmensa mayoría opera dentro de la ley. Lo que está en duda es si las investigaciones llegan hasta quienes diseñan esa arquitectura o si se concentran en quienes la administran una vez construida. Detener a estos últimos apenas interrumpe una red durante un tiempo.

Los cárteles pierden jefes, operadores, sicarios y empresas y reconstruyen sus estructuras financieras una y otra vez. Después de 25 años de combate al narcotráfico, tres abogados y tres contadores sancionados no explican cómo se ha mantenido esa arquitectura durante tanto tiempo. Alguien la diseñó y ese alguien sigue sin aparecer en los expedientes.

EDUARDO RUIZ HEALY

@ruizhealy ruizhealytimes.com

Eduardo Ruiz- Healy es periodista de radio y televisión.