A disciplinarse

Denise Dresser

Ningún Gobierno anuncia que quiere censurar. Ningún Gobierno anuncia que pretende intimidar periodistas, domesticar medios o estrechar el espacio del debate público. Todos hablan de proteger: Proteger a la sociedad, proteger a los ciudadanos, proteger a las audiencias. Esa es precisamente la lógica que recorre los nuevos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Leídos superficialmente parecen impecables. Leídos con detenimiento, revelan algo mucho más inquietante: Un manual para disciplinar periodistas, una guía para acallar la crítica.

Sobre el papel resulta difícil objetarlos. Establecen que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna; prohíben la difusión de información falsa, inexacta o descontextualizada; obligan a distinguir entre información y opinión, separar la publicidad del contenido editorial y contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias ¿Quien podría estar en contra? Nadie. El problema comienza cuando el Estado mismo pretende convertirse en árbitro de los contenidos.

Porque los lineamientos descansan sobre conceptos extraordinariamente ambiguos. ¿Qué significa exactamente información “veraz”? ¿Cuándo una nota está “descontextualizada? ¿Quién decide que un dato fue suficientemente corroborado o que una investigación incluyó todos los antecedentes necesarios? Sin embargo esos conceptos vagos ahora podrán convertirse en macanazos para procedimientos administrativos y sanciones económicas. El Gran Censor -la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones- podrá imponer multas de hasta el 1% de los ingresos de la concesionaria. Lo que comienza como un mecanismo aparentemente “ético” termina como un sistema de supervisión gubernamental sobre decisiones editoriales.

Allí aparece uno de los mecanismos más eficaces para restringir la libertad de expresión: El efecto inhibidor. No hace falta prohibir un reportaje, cerrar una estación de radio o encarcelar periodistas. Basta con que un director editorial empiece a preguntarse si vale la pena publicar una investigación incómoda, cuando existe el riesgo de enfrentar una multa cuantiosa. La censura más eficaz no siempre es la que impone el Estado; es la que consigue que los periodistas empiecen a limitarse a sí mismos. Y los lineamientos estarán a cargo de una nueva Comisión, integrada a la arquitectura regulatoria creada por el propio Gobierno. Personajes tan reprobables como José Merino y Jesús Ramírez Cuevas estarán a cargo de un andamiaje dedicado a amordazar cuando sea necesario, a acallar cuando resulte conveniente.

Y hay además una contradicción imposible de ignorar. Durante años AMLO y Sheinbaum han señalado a periodistas, desacreditado organizaciones civiles, estigmatizado a jueces y difundido datos engañosos utilizando recursos públicos. ¿Dónde ha estado el derecho de réplica? ¿Quién ha obligado al Gobierno a aclarar sus “otros datos” y a corregir información falsa? Nadie. Yo jamás he obtenido el derecho de réplica para las 171 veces en las cuales fui difamada por AMLO y Liz Vilchis. Ahora el Estado pretende imponer a los medios obligaciones que nunca ha aceptado para sí mismo.

El verdadero debate no es si queremos medios responsables ni si debemos combatir la desinformación. Claro que sí. La pregunta decisiva es otra: ¿debe ser el Estado quien determine qué información está suficientemente contextualizada, qué investigación es suficientemente veraz y cuándo un periodista cruzó la línea de lo aceptable? Estos lineamientos no aparecen en el vacío. Se suman a la desaparición de los organismos autónomos, a la captura del Poder Judicial, a la utilización sistemática de las mañaneras para desacreditar voces críticas y a la concentración progresiva del poder.

La 4T está construyendo el andamiaje legal que vuelve más costosa la crítica y más riesgosa la investigación. No necesitan prohibir; les basta con intimidar. No necesitan imponer censura abierta; les basta con producir autocensura cotidiana. Los “lineamientos” propuestos no buscan mejorar el periodismo. Buscan disciplinarlo. Son otro ladrillo en el edificio del autoritarismo mexicano: Un régimen que ya no necesita silenciar a la prensa por la fuerza porque aspira a algo mucho más eficaz: Que la prensa aprenda a callarse sola.