Demandar al ICE

Batarete

Desde la segunda toma de posesión de Donald Trump, el 20 de enero pasado, sus sicarios del ICE han detenido a 177,192 mexicanos supuestamente indocumentados, sin más motivo que su apariencia física. Han caído en sus redes connacionales que trabajan en la construcción, en labores agrícolas, estudiantes y madres y padres de familia que llevaban años y décadas viviendo y trabajando al otro lado. Una buena parte de ellos tenía adelantado los trámites para conseguir la residencia, y en algunos casos la ciudadanía.

En su prisa por cumplir cuotas de encarcelados los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no reparan en minucias, la apariencia es, suponen, prueba de culpabilidad: Los detienen, a veces con uso de fuerza innecesaria, los trasladan a centros de detención y los mantienen en condiciones absolutamente irregulares y también ilegales, sin informar a familiares para impedir que logren la liberación del cautivo.

Algunos pasan meses en condiciones inhumanas, sin juicio ni protocolo legal, sin poder comunicarse al exterior, y en condiciones sanitarias muy poco adecuadas.

Un indicador de la ligereza para detener sin criterios objetivos se hace patente en que, seis meses después, sólo permanecen “bajo custodia” 13,722 compatriotas: Una reducción del 92%, lo que apunta a que una parte de los apresados fue deportada y muchos pudieron conseguir su libertad, no sin haber sufrido por semanas y meses, angustia y malos tratos por parte de los esbirros del Trump.

Hay casos grotescos, como lo sucedido a la hermana Leticia Ugboaja, una religiosa oriunda de Nigeria, perteneciente a la congregación de las Hijas de María Madre de Misericordia, que fue detenida un domingo por la mañana cuando se dirigía a misa, vestida con el hábito de su instituto, a la iglesia Our Lady of Sorrows de McAllen, Texas, donde ejercía como ministra extraordinaria de la comunión. La hermana Leticia, que trabaja como enfermera en un hospital de McAllen, fue recluida en un centro de detención por su tez oscura. Como el incidente fue en las cercanías del templo donde colaboraba, algunos feligreses advirtieron a las religiosas de su comunidad, que pidieron ayuda a la diócesis y a una integrante de la cámara de representantes de Texas... Le fue bien a la reverenda: Pasó la noche en prisión junto con algunos cientos más, pero al día siguiente fue liberada.

Ahora bien, además de los 13,722 mexicanos que siguen detenidos, hay que añadir que en el mismo lapso de medio año, han fallecido catorce en prisión y al menos tres asesinados al intentar detenerlos. Son 17 compatriotas muertos, algunos por enfermedades no atendidas o fallas cardiovasculares; en otros casos se alegó suicidio, incluyendo el caso de un joven de 19 años que avisó a su familia que al día siguiente iba a firmar la deportación voluntaria y lo trasladarían a frontera con México. Durante esa noche murió, y sus custodios lo reportaron como suicidio.

El Gobierno mexicano ha presentado notas diplomáticas para exigir que se aclaren las circunstancias de esos fallecimientos, pero no ha tenido respuestas claras. Por eso se ha decidido interponer denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de EUA, contra ICE, además de quejas civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención. Se trata de acusaciones penales ante autoridades de justicia estadounidenses por varios casos de homicidio. También se demandará civilmente a las empresas privadas que administran los centros migratorios, por muertes y por violación a los derechos humanos, y se solicitará medidas cautelares ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bien por el Gobierno de Claudia Sheibaum que decidió litigar legalmente en contra de las acciones homicidas de la administración de Trump. Pero el problema no es sólo nuestro: Convendría hacer un frente común con otras naciones afectadas y plantar cara al matoncito anaranjado.