Tener razón no gana juicios

Diecisiete es el número de mexicanos muertos en episodios ligados a ICE desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Catorce bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos. Se trata de personas con nombre y con familia.

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió por fin pasar a la acción y su gobierno les pide a fiscales estatales que investiguen penalmente estos casos, envió una solicitud formal al Departamento de Justicia pidiendo su intervención o cooperación en las investigaciones sobre las muertes de mexicanos bajo custodia de ICE, y prepara demandas civiles contra las empresas que operan los centros de detención. Sin embargo, anunciar no es lo mismo que ganar.

Lo anunciado todavía va muy por delante de los hechos porque nadie en el gobierno ha dicho el nombre de un solo funcionario acusado ni ha dicho qué despacho de abogados llevará los casos. Si el litigio va en serio, hay que decir quién, dónde y con qué pruebas. Lo demás es solo indignación bien redactada.

Ahí está el caso de Lorenzo Salgado Araujo. Llevaba años viviendo en Estados Unidos. Un agente de ICE lo mató en un operativo en Houston donde ni siquiera era el objetivo. Su historia no puede quedar enterrada entre boletines de prensa y expedientes a medio llenar, con su familia sola frente al aparato migratorio.

México ya experimentó una derrota en tribunales de EE.UU. En junio de 2025, la Suprema Corte de ese país tiró, por unanimidad, la demanda de 10 mil millones de dólares que presentó contra los fabricantes de armas Smith & Wesson, Beretta, Glock, Barrett, Century International, Colt, Sturm, Ruger, Witmer e Interstate. La razón fue simple y dolorosa: No hubo pruebas suficientes de que esas empresas hayan instigado a propósito el tráfico de armas a México. Ese fracaso no puede repetirse. Si los casos de ICE llegan a los tribunales con la misma debilidad probatoria, el resultado será idéntico.

El verdadero obstáculo no es solo ICE. Es la impunidad que Trump le ha regalado. Cada investigación va a chocar con una agencia acostumbrada a que la protejan antes de cuestionarla. La versión oficial ya la conocemos: uso legítimo de la fuerza, resistencia, procedimiento correcto. México va a tener que desmontar esa versión caso por caso, con autopsias, videos, testigos y expedientes médicos, no con comunicados.

¿Qué hace falta ver para creer que esto va en serio? Conocer cuántas denuncias se presentaron, en qué fiscalías, contra quién, por qué delito, qué centros están señalados y quién representa legalmente a México y a las familias. Sin eso, no hay por qué creer.

México tiene razón al exigir justicia. Ningún país puede quedarse callado cuando mata a sus ciudadanos una autoridad extranjera. Pero tener razón no es lo mismo que ganar el caso. Eso ya se lo enseñaron las armeras. La diferencia está en la calidad del expediente, no en la fuerza del reclamo.

ICE va a estar protegido. De eso no hay duda. La verdadera pregunta es si México tiene la paciencia, los abogados y las pruebas para romperle esa protección, caso por caso, sin repetir el tropiezo de 2025.

Toca pasar del reclamo al litigio, del comunicado al expediente. 17 mexicanos muertos lo merecen. O México lo convierte en un caso ganado en tribunales, o solo será un round perdido más.