Por qué los extorsionadores llevan las de ganar en México

Juegos de poder

Inmejorable la coyuntura para los extorsionadores profesionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por un lado, estamos en vísperas de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol con los ojos del mundo puestos en nuestro País. Por el otro, tenemos un Gobierno que ha renunciado al uso de la fuerza pública para evitar los bloqueos de la CNTE que pretenden boicotear dicho evento.

En México, el trauma del 68 está en el ADN de todos los políticos. Ninguno quiere parecerse a Díaz Ordaz quien, en vísperas de las Olimpiadas de ese año, reprimió al movimiento estudiantil con un saldo de decenas de muertos, heridos y encarcelados.

El asunto es aún más sensible para los políticos de izquierda que actualmente gobiernan. Ellos se consideran herederos de las protestas que terminaron con sendas represiones en Tlatelolco en 1968 y el “Halconazo” de 1971.

Lo ha dicho la propia Presidenta: “Quieren que caigamos en una represión en la antesala del Mundial, no vamos a caer en la provocación. Si no somos Díaz Ordaz”.

A nadie le gusta que el Estado reprima manifestaciones. Pero también es cierto que el Estado no puede renunciar a intervenir para defender los derechos de terceros afectados. En todas las democracias, la Policía protege la integridad física de las personas y evita el daño grave de las propiedades.

Una cosa es la bestialidad del Gobierno de Díaz Ordaz usando militares para disparar balas a los estudiantes, o el de Echeverría con paramilitares apaleando a los manifestantes con varas de bambú, y otra muy diferente es el uso razonable de la fuerza pública en las protestas callejeras.

En Francia, durante las protestas de los “chalecos amarillos”, la Policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas cuando hubo violencia y destrucción de propiedad.

En Alemania, la Policía permite marchas y bloqueos temporales, pero interviene rápidamente cuando aparecen actos violentos o riesgos para terceros.

En Estados Unidos, donde los tribunales protegen fuertemente la libertad de expresión, se permite la dispersión de manifestaciones que se tornan violentas cuando bloquean infraestructura crítica o incumplen órdenes legítimas de la autoridad.

Estos tres países son democracias liberales donde el Estado protege la protesta pacífica, pero también salvaguarda los derechos de terceros. Si ambos derechos entran en conflicto, se utiliza la fuerza pública, siempre y cuando sea necesaria, proporcional y estrictamente regulada.

Estos tres conceptos son los pilares del Derecho internacional sobre uso de la fuerza por parte del Estado. Provienen principalmente de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (1990) y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La fuerza necesaria se refiere a si la autoridad intentó o consideró medidas menos intrusivas antes de recurrir a la fuerza. Si el Gobierno dialogó, emitió advertencias, ofreció rutas alternativas y/o fijó plazos razonables.

La fuerza proporcional se define por una respuesta estatal que no sea excesiva respecto de la conducta que pretende controlar. La Policía, por ejemplo, puede usar barreras físicas y técnicas de contención en caso de que los manifestantes empujen vallas. Lo que no se vale es dispararles con armas letales si del otro lado les lanzan pintura.

Finalmente, la fuerza estrictamente regulada es el uso de protocolos con reglas sobre cuándo intervenir, qué medios utilizar y quién autoriza la operación. Los agentes deben ser identificables y estar bajo la supervisión de mandos responsable de las decisiones. Obviamente, si hay lesiones o muertes, deben investigarse.

En las democracias avanzadas existe el modelo “escalera” del uso de la fuerza: presencia policial, comunicación y advertencias, contención física, técnicas de control no letales, medios menos letales en casos excepcionales y fuerza letal solo ante amenaza fatal inminente. La idea es subir gradualmente estos peldaños y no saltar directamente a niveles más altos.

¿Por qué no podemos tener algo similar en México?

¿Por qué los políticos son tan refractarios a utilizar la fuerza pública?

La respuesta es sencilla: porque las policías no están entrenadas para el uso necesario, proporcional y estrictamente regulado de la fuerza. Y como no están capacitados, pues acaban cometiendo abusos que son políticamente muy costosos.

Eso lo aprovechan los extorsionadores profesionales que llevan todas las de ganar cuando el Estado renuncia a uno de sus poderes legítimos.

Si alguien lo sabe es el CNTE que tiene en jaque al gobierno de Sheinbaum en vísperas de la inauguración del Mundial.

Leo Zuckermann

X: @leozuckermann