El T-MEC contradice a León XIV

Ayer arrancó formalmente la revisión del T-MEC. También ayer, el Vaticano publicó la encíclica Magnifica Humanitas (La grandeza de la condición humana) del Papa León XIV, firmada el 15 de mayo en el 135º aniversario de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas). La coincidencia de fechas no es decorativa: En 1891, León XIII defendió a los obreros industriales contra el capitalismo que los explotaba; en 2026, León XIV hace algo parecido frente al poder concentrado de la IA y las corporaciones digitales.

Curiosamente, el tratado que México empezó a revisar ayer con Estados Unidos y Canadá blindó jurídicamente lo mismo que la encíclica condena.

El Capítulo 19 del T-MEC establece cuatro restricciones que definen el margen real de maniobra del Estado mexicano en la economía digital. Primera: Los flujos transfronterizos de datos deben permitirse, lo que significa que México no puede obligar a las plataformas a procesar o almacenar en territorio nacional los datos de sus usuarios. Segunda: Los algoritmos están protegidos frente a cualquier exigencia de revelar su código o su lógica, lo que dificulta que una autoridad mexicana audite cómo Facebook decide qué mostrarle a un usuario o cómo Google ordena sus resultados. Tercera: discriminar a empresas extranjeras en el sector de servicios digitales puede constituir una violación del tratado, lo que implica que México no puede favorecer a empresas nacionales en ese sector sin arriesgarse a sanciones comerciales. Cuarta: Los mecanismos de arbitraje en caso de conflicto tienden a favorecer al inversionista extranjero frente al Estado mexicano.

En resumen: Google, Meta, Amazon y Microsoft operan en México con un andamiaje de protección regulatoria pactado por el T-MEC, con jerarquía superior a la de cualquier legislación nacional posterior. Así quedó escrito en 2020 y así sigue vigente hoy.

León XIV, en cambio, establece principios que chocan con la lógica de ese acuerdo. Los datos son un bien común, no un objeto de apropiación privada por parte de las corporaciones que los recopilan. Los algoritmos deben ser auditables por las sociedades afectadas por sus decisiones. La concentración de poder digital en pocas manos es colonialismo que los Estados tienen la obligación moral de contener activamente, no de blindar jurídicamente mediante tratados negociados sin un debate público suficiente. Ninguno de esos principios es compatible con lo que México firmó en Washington en enero de 2020. Esa contradicción es política, no teológica.

La negociación de 2020 fue razonable para su momento: México no tenía un marco regulatorio digital propio, carecía de capacidad técnica para proponer alternativas en la mesa y necesitaba el acuerdo completo para estabilizar la inversión extranjera en un contexto de enorme incertidumbre política interna. Seis años después, el contexto cambió sustancialmente. La encíclica ofrece, además, un argumento de legitimidad moral que ningún negociador mexicano ha llevado todavía a la mesa.

El T-MEC empezó a revisarse ayer. La encíclica se publicó ayer. La pregunta es si México estará dispuesto a llevar sus implicaciones al centro de una negociación donde hasta ahora ha predominado el lenguaje de la certeza jurídica, no el de la dignidad humana y el bien común que defiende León XIV.

Eduardo Ruiz-Healy

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