Deuda, incertidumbre y desaceleración

Eduardo Ruiz-Healy

La economía mexicana ha venido perdiendo velocidad en los últimos cinco meses. El Inegi lo documenta mes a mes con un indicador, el IOAE, que anticipa, con semanas de adelanto, cómo evoluciona la actividad económica del País. Son cinco los reportes publicados entre enero y mayo de este año, con datos de diciembre de 2025 a abril de 2026. Los datos oportunos del Inegi, sujetos a revisión, ya delinean con claridad la tendencia.

En diciembre y enero, la economía creció 2.3% respecto al año anterior. La industria, la construcción y los servicios mostraron un avance similar. Enero de 2026 fue el punto más alto del periodo. Pero en febrero la industria entró en terreno negativo por primera vez, produciendo menos que en el mismo mes de 2025. En marzo y en abril siguió contrayéndose, por segundo y tercer mes consecutivo. Los servicios, que crecieron casi 3% en diciembre, avanzaron apenas 0.7% en abril, menos de la cuarta parte. El Producto Interno Bruto del primer trimestre confirmó la trayectoria: La economía creció 0.2% anual y se contrajo 0.8% respecto a los tres meses anteriores. Fue el peor arranque de año desde el cierre económico de 2020 que provocó la pandemia.

¿Qué está detrás de esta trayectoria descendente? No hay una sola causa, sino varios problemas que se alimentan entre sí, y esa es la razón por la que ninguna medida aislada los puede resolver.

El Gobierno lleva años gastando más de lo que recauda. La deuda pública ya representa 50.4% del PIB y Standard & Poor’s proyecta que llegará a 54% en 2029. Petróleos Mexicanos perdió 46,000 millones de pesos en el primer trimestre de este año. Lo peor del caso es que el Gobierno no puede dejarlo quebrar, pero tampoco tiene recursos para sanearlo sin sacrificar otras prioridades. A eso se suma la CFE, cuyo endeudamiento también presiona las finanzas públicas.

El 12 de mayo, Standard & Poor’s cambió su perspectiva sobre la deuda soberana mexicana de estable a negativa. Moody’s lo hizo en noviembre de 2024. Dos de las tres grandes calificadoras mundiales ya advierten que, si el rumbo no cambia en los próximos 24 meses, la rebaja de calificación llegará. Perderla encarecerá el crédito tanto para el Gobierno como para las empresas y reducirá el atractivo del País para la inversión internacional.

Los anuncios de inversión multimillonaria aún no se convierten en gasto real porque invertir exige certeza jurídica y reglas estables. La reforma al Poder Judicial, la renegociación del T-MEC y la incertidumbre global generan un entorno adverso. La desaceleración industrial que los reportes del Inegi documentan desde febrero tiene raíces locales que preceden a esos factores externos, pero estos la profundizan.

Lo que ocurre es la confluencia de cinco problemas: Deuda creciente, empresas estatales que consumen recursos sin generar crecimiento, inversión privada que no se materializa, entorno externo adverso y ausencia de una estrategia fiscal creíble que convenza a los mercados de que el rumbo va a cambiar. Eso, para las familias mexicanas, significa menos empleos nuevos, mayor presión sobre los ingresos y menos actividad en los negocios que dependen del consumo cotidiano. El 17 de junio el Inegi publicará el próximo IOAE. ¿Confirmará la tendencia negativa o no?

Eduardo Ruiz-Healy

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