Rochamoyismo sin Rubén

ASTILLERO

En Sinaloa pareciera que no se desea aprender la lección o que se apuesta a una improbable desmemoria al paso del tiempo.

La nueva Gobernadora, interina, ha optado por la continuidad del grupo del saliente Rubén Rocha Moya a la hora de hacer sus primeros nombramientos. Ella misma, desde luego, es una muestra de dicha continuidad, pues ocupó cargos legislativos y de gobierno bajo patrocinio del mandatario ahora con licencia. Pero la marca facciosa ha sido confirmada al nombrar al encargado de la secretaría general de Gobierno (posición que ocupaba la propia Yeraldine Bonilla antes de sacarse la rifa del tigre): Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien era jefe de la oficina del entonces gobernador Rocha Moya.

En lugar de Bedoya se nombró en la oficina de la Gobernadora a José Ismael Inzunza Sosa, quien era director de Gobernabilidad Democrática (¿organizarán concursos para conseguir estas cuasi poéticas denominaciones?) con el mismo mandatario que ahora está bajo licencia formal pero no en la conformación de organigramas.

El rochamoyismo sin Rubén físicamente presente hubiese seguido tan campante en cuanto a un vicefiscal insostenible si no fuera porque se atravesaron algunas publicaciones. Uno de los diez señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es Dámaso Castro Zaavedra, por proporcionar “a los Chapitos acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el Ejército o la Marina de laboratorios de drogas y casas de escondite, donde almacenaban drogas, armas y dinero, lo que permitía a los “Chapitos” trasladar sus operaciones y las pruebas de actividad delictiva” (Riodoce: https://goo.su/Svzzz ).

Dicho vicefiscal fue corresponsable del impune montaje delictivo que pretendió adjudicar a un asalto nocturno con pretensiones de robo de vehículo la muerte del ex rector de la Univerpero sidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien había sido asesinado en la mañana y en el mismo lugar en que fue secuestrado (25 de julio de 2024) Ismael Zambada, “El Mayo”, luego llevado a Estados Unidos. El montaje fue confirmado por la Fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz después de que el citado “Mayo” mediante un escrito denunció la farsa.

La FGR no volvió a tocar el asunto. La titular de la Fiscalía sinaloense, Sara Bruna Quiñónez Estrada, hechura de Rocha Moya, renunció por “recomendación” del entonces Gobernador y sigue intocada. Y el vicefiscal Castro Saavedra, impune al menos hasta ayer en que, ante el señalamiento público de tamaña burla e incongruencia, “decidió” separarse de su cargo.

En Chihuahua se vive una similar pretensión de impunidad al cobijo de las turbulencias políticas. La gobernadora panista María Eugenia Campos, llamada Maru, se aferra a una interpretación tramposa de las razones por las cuales debe ser investigada y probablemente castigada. Aduce que se le intenta sancionar por estar destruyendo narcolaboratorios, cuando no hay ninguna imputación específica por tal motivo.

En realidad, y en ello no hay escapatoria retórica ni partidista posible (a menos que se llegue a alguna negociación en las alturas), a la gobernadora Campos se le imputa responsabilidad en las maniobras que permitieron a agentes extranjeros operar en suelo mexicano, contra lo establecido en la Constitución y las leyes correspondientes y bajo posible tipificación del delito de traición a la patria.

Y, mientras la Presidenta ha puesto acentos discursivos importantes en Puebla, en el marco de la conmemoración del triunfo de las armas nacionales ante las invasiones extranjeras y con el telón de fondo de la Estrategia Nacional de Seguridad 2026 de Estados Unidos, que de manera amenazante pretende imponer responsabilidades punibles, incluso de manera directa, invasiva, a los países (México en primer lugar) que a juicio de la Casa Blanca no entreguen cuentas contundentes (ya no “cooperar”, sino aportar resultados concretos) a juicio unilateral del Gobierno gringo, ¡hasta mañana!