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Sinaloa Lab

“En Sinaloa no estamos viendo un escándalo más; estamos viendo un experimento. Un laboratorio político-criminal donde se mezclan ingredientes en probetas -dinero ilícito, intimidación, poder territorial, impunidad- para producir una fórmula replicable: Ganar elecciones de la mano de narcotraficantes”.

Denise Dresser

Denise Dresser

Para Rossana Reguillo.

En Sinaloa no estamos viendo un escándalo más; estamos viendo un experimento. Un laboratorio político-criminal donde se mezclan ingredientes en probetas -dinero ilícito, intimidación, poder territorial, impunidad- para producir una fórmula replicable: Ganar elecciones de la mano de narcotraficantes. No con fraude, no con ventajas indebidas o con prácticas cuestionables, sino con la intervención directa del crimen organizado en la competencia democrática. Una caja Petri donde crece un modelo de poder que convierte al narco en socio electoral y al Estado en instrumento. Ese es el Sinaloa Lab.

Y como todo laboratorio, tiene científicos y patrocinadores. Rubén Rocha Moya no llegó ahí por accidente. Él mismo ha presumido que fue seleccionado por López Obrador. Un Gobernador electo por dedazo, encumbrado en un Estado donde el ex presidente acudió reiteradamente a Badiraguato, donde mostró una deferencia inusual hacia el entorno del narcotráfico y donde quedaron preguntas sin responder sobre episodios que nunca se investigaron a fondo. No fue descuido; fue permisividad. Fue el inicio de la prueba piloto.

Hoy conocemos mejor la fórmula. El indictment presentado en una Corte federal de Nueva York no describe hechos aislados, sino un sistema. Según la acusación, funcionarios como Rocha Moya habrían operado en coordinación con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos a cambio de dinero, apoyo político y control territorial. La mezcla es clara, pero lo más grave es cómo envenena la gobernabilidad.

El documento apunta a interferencia electoral directa: Intimidación de opositores, secuestros, presión para inclinar resultados. Describe reuniones entre autoridades y líderes criminales, filtración de información, protección institucional y manipulación de fuerzas de seguridad. No es un Estado infiltrado; es un Estado que decidió participar. Un Estado que compite con el respaldo del crimen y que convierte la elección en un trámite previamente resuelto.

De ahí la pregunta inevitable: ¿Para qué sirve el Instituto Nacional Electoral si la competencia se define fuera de las urnas? ¿Para qué sirve un árbitro cuando uno de los contendientes llega armado, financiado y respaldado por organizaciones criminales? Cuando el crimen decide quién gana, la elección deja de ser elección. Se convierte en simulación. Y, sin embargo, el experimento continúa. Primero vino la negación, la defensa de la soberanía, la exigencia de pruebas contundentes por parte de Claudia Sheinbaum. Luego el viaje a Palenque, la recalibración política, las instrucciones. Y después, el paso predecible: La licencia. La Presidenta exige que Rocha se separe del cargo presuntamente “para ser investigado”. Ya vimos este protocolo: Control de daños, administración de tiempos, intento de apaciguar a Estados Unidos.

Con dos desenlaces posibles. El primer escenario entraña repetir el caso Cienfuegos: Desestimar pruebas, investigar aquí, exonerar sin gran costo. El segundo implica sacrificar la pieza, procesar a Rocha, encarcelarlo, y tratar de comprar su silencio. Porque si hablara -si describiera cómo se diseñó la mezcla, quién la autorizó, quién se benefició-, no caería sólo un Gobernador; se vendría abajo el modelo completo. Se exhibiría la fórmula en toda su crudeza. Ese es el verdadero riesgo para Morena, porque Sinaloa no es una excepción; es un prototipo. Un modelo que, según múltiples denuncias, ha comenzado a replicarse en otros estados del País.

Pero esta vez el experimento no ocurre en aislamiento. Está bajo el microscopio de Trump, que está en busca de una justificación que amerite una intervención. Y ante ello, el cálculo puede fallar. Morena cree que puede controlar la reacción, ajustar las dosis, administrar los tiempos. Cree que la fórmula funcionará. Pero AMLO y Sheinbaum pueden estar profundamente equivocados.

Porque este laboratorio ya está saturado de compuestos volátiles: Impunidad, colusión, crimen organizado convertido en actor político y un proceso judicial ya en marcha en Nueva York. Y cuando se mezclan sin control, no producen estabilidad; producen gases tóxicos que se filtran por todo el sistema político y la relación bilateral. La presión aumenta, la temperatura sube, las válvulas institucionales corrompidas dejan de funcionar. Y el laboratorio puede explotar o ser destruido por un misil desde la Casa Blanca.

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