Operativos secretos, agentes muertos y una elección en juego

Ana María Salazar

Fueron dos agentes. Fueron cuatro. ¿Fue sólo un operativo? Algunos medios reportan hasta cuatro operativos. Probablemente más. ¿Quién supo? Desde la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que el Ejército mexicano -quien participó en el operativo para desmantelar uno de los narcos laboratorios más grandes en historia reciente- no tenía el conocimiento de la participación de la CIA en estos operativos.

De ser cierto que Nadie en el Gobierno federal supiera que operaban y participaban en operativos agentes de la CIA y se coordinaban con el Gobierno de Chihuahua, seria una grave falla por parte de la contra inteligencia mexicana. ¿Nadie sabía? Conociendo la cercanía histórica entre autoridades y agencias de inteligencia y seguridad en las últimas décadas, es casi inconcebible que hubiera un total desconocimiento por actores del Gobierno federal.

Por eso es problemático, que, en este momento, se busque investigar por violaciones a la ley de Seguridad Nacional a la gobernadora Maru Campos y otros funcionarios del Estado de Chihuahua, ya que abriría una puerta donde podría salpicarse muchos funcionarios actuales que colaboraron y que colaboran con el Gobierno de Estados Unidos, como parte de sus funciones. Pero usar la muerte de dos agentes estadounidenses para iniciar una campaña en contra del PAN, en un Estado fronterizo como el de Chihuahua para asegurar que la gubernatura caiga en manos de Morena, asegura un peligroso enfrentamiento entre ambos países. Y podría ser el catalizador para una mayor injerencia del vecino en política nacional.

A diferencia de la política exterior de Estados Unidos hacia otros países latinoamericanos, en el caso de México no hay indicios públicos de tratar de interferir en la política interna mexicana. En el último año, diversos gobiernos, analistas y organizaciones en América Latina han acusado a Estados Unidos de interferir -de manera directa o indirecta- en procesos electorales, principalmente mediante declaraciones públicas, sanciones, restricciones de visa y reportes de inteligencia difundidos en momentos clave. Diversos gobiernos y analistas en la región han señalado que, en el último año, figuras políticas de Estados Unidos han mostrado apoyo explícito o gestos públicos hacia ciertos líderes latinoamericanos. Medios internacionales documentaron que Donald Trump expresó respaldo al presidente argentino Javier Milei durante su campaña y después de su llegada al poder -además de expresar su apoyo durante las elecciones intermedias. Liberó a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras que fue condenado por narcotráfico- con esto apoyó al candidato de la derecha, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien fue electo el año pasado. Lanzó una serie de sanciones en contra de Brasil por el juicio y la condena de Jair Bolsonaro. Destaca la cercanía discursiva entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, especialmente en temas de seguridad y migración. Obviamente está el caso de Venezuela y Cuba, donde seguramente se iniciará un proceso de transición en estos gobiernos. Observadores estamos pendientes de lo que podría suceder en Colombia y Perú donde se llevará a cabo elecciones presidenciales y que posible injerencia podría tener Estados Unidos si pareciera que candidatos de la extrema izquierda pudiesen salir ganadores de la contienda.

En la reunión del Escudo Hemisférico realizada este año en Florida -un foro de seguridad y cooperación regional- participaron líderes y representantes de Argentina, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, Chile, lo que fue interpretado por analistas como la consolidación de un bloque político‑estratégico con prioridades comunes en seguridad, migración y combate al crimen organizado.

Y todos los presentes tenían a la misma visión política, con una fuerte tendencia hacia la derecha MAGA de Trump.

Por eso no es inconcebible pensar que, si la Casa Blanca buscó influenciar la política interna en países sudamericanos y centroamericanos, no debería de sorprender que tuvieran un extraordinario interés en los gobernantes de los estados fronterizos. Ahora que la Casa Blanca clasifica como grupos terroristas a las organizaciones criminales que trafican y delinquen en la frontera, la seguridad nacional de ambos países debería de estar preocupada por los actuales y futuros gobernantes de los estados de Baja California (Morena), Sonora (Morena), Chihuahua (PAN-PRD), Coahuila (PRI), Nuevo León (Movimiento Ciudadano) Tamaulipas (Morena).

No hay momento en la historia de la relación bilateral que Estados Unidos tenga acceso a una extraordinaria cantidad de información sobre los cárteles y su vínculo con funcionarios, la clase política y empresarial del País. A diferencia de otros países, las sanciones de Estados Unidos tienen un gran impacto en México, ya sea quitar visas o congelar cuentas o bienes en territorios estadounidenses. Habría que considerar si un enfrentamiento político público, en este momento, sobre un operativo en la frontera, donde fallecieron agentes estadounidenses, es en el mejor interés del País y para Morena.