Aparecer a los desaparecidos

Lo peor es no saber.

La periodista estadounidense Savannah Guthrie no sabe dónde está su mamá. Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en Arizona a principios de febrero y desde entonces se ha realizado una frenética e infructuosa búsqueda en todo Estados Unidos. La Policía sospecha que se trata de un secuestro, pero ni siquiera eso puede confirmar.

Savannah, la conductora del “Today Show”, el programa matutino más visto de la televisión en Estados Unidos, ha enviado varios mensajes públicos pidiendo ayuda de su audiencia para localizar a su madre. Pero no han dado resultado. Ni tampoco la promesa de una recompensa. Lo único que se ha rescatado es un video, grabado de la cámara del timbre de la casa de Nancy, de un hombre encapuchado e irreconocible. “Estamos en agonía”, dijo Savannah en su primera entrevista tras la desaparición de su madre.

Ante el fracaso de la búsqueda, Savannah, valientemente, decidió regresar a trabajar a la televisión. Llegó vestida de amarillo, el color de la esperanza, y forzando una sonrisa. Los millones que la vieron esa mañana sabían, perfectamente, el dolor que escondía. La vida nunca será igual con esa ausencia y con esa incertidumbre.

En México el drama y la dimensión de los desaparecidos es muy distinto. A nivel humano se comparte la misma angustia que vive Savannah y su familia. La diferencia es que en México estamos hablando de una tragedia a nivel nacional con más de 130 mil desaparecidos desde 2006, según un registro oficial que incluso el propio gobierno cuestiona.

Y ese es parte del problema: En México no hay un consenso sobre cuántas personas están desaparecidas. El gobierno insiste en que pueden ser muchas menos, mientras que los colectivos de búsqueda y los familiares de las víctimas creen que deben ser muchas más.

No vale la pena meterse en una discusión de cifras porque todas - el registro oficial, el conteo de los colectivos, el ajuste que hace el gobierno y un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas - son de horror. Estamos hablando de decenas de miles de personas que no sabemos, ni siquiera, si están vivas o muertas. Esa es la primera conclusión. La segunda es que se trata de un viejo problema que se acrecentó con el surgimiento de los carteles de las drogas y que le ha robado el control al Estado en varias regiones del País. Y la tercera conclusión es que las desapariciones masivas, las fosas clandestinas, las masacres y los homicidios dolosos no podrían haber ocurrido sin la complicidad o negligencia de las autoridades locales, estatales y nacionales.

La violencia es el tema central en México. Ni educación ni pobreza importan si corres el riesgo de que te maten, te secuestren o desaparezcan. Debería existir un consenso partidista sobre cómo enfrentar este problema. Pero, lejos de existir, es lo que más divide a la clase política mexicana. Estamos fregados.

El reporte del Comité de las Naciones Unidas Contra las Desapariciones Forzadas es durísimo. Pongo solo un párrafo del comunicado de prensa: El comité “también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el País, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados”. El informe es fulminante y en cada página se describen verdaderos espantos.

Por eso me desilusionó y frustró tanto la respuesta del Gobierno mexicano ante el nuevo informe. En lugar de agradecer el interés por ayudar, por escuchar otras opiniones y por actualizar sus propios datos, el Gobierno de México se puso a la defensiva, dijo que el reporte era “tendencioso”, con “falta de rigor” y que no incluye los avances logrados desde 2018.

La parte más preocupante del comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación es la que dice que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. La frase es un ingenuo e infantil “yo no fui”. Nadie está acusando al actual gobierno de tener a un grupo encargado de desaparecer gente. Pero la realidad es que las desapariciones a gran escala, como las que ocurren en México, no podrían realizarse sin el acompañamiento o la vista gorda de los policías y los funcionarios públicos. Punto. Y la política de “abrazos, no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador solo reforzó la percepción de que su gobierno no iba a ir por los criminales. Por eso estamos como estamos.

En lugar de decir “yo no fui”, el Gobierno mexicano debería ponerse totalmente del lado de las víctimas, de las madres buscadoras y de los expertos de la ONU, y decir que juntos van a enfrentar el problema. No se gana nada con soltar cifras al aire, ofrecer excusas y dar la impresión de que tienen algo que esconder.

Quizás lo que más molesta al Gobierno mexicano es que el comité que preparó el reporte asegura que el panorama es tan grave que decidió llevar “la situación de México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Duele que una de las conclusiones tácitas del informe sea que los gobiernos mexicanos de las últimas décadas no han podido solucionar el problema de la violencia, y que por eso lo pasan a una instancia internacional. No se trata de un asunto de soberanía; la lucha contra las violaciones de los derechos humanos no es competencia exclusiva de los estados. Si fuera así, no se podrían criticar las masacres y los abusos de autoridad en ningún país.

Ni Savannah, ni México podrán dormir en paz hasta que aparezcan los desaparecidos.

Lo peor es no saber.