La guerra de Trump exhibe la debilidad energética de México

Eduardo Ruiz-Healy

Los ataques del miércoles y jueves contra el campo gasífero de South Pars, en Irán, el más grande del mundo, y contra instalaciones en Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos dispararon los precios mundiales de la energía: El Brent tocó 119 dólares por barril, frente a los 100 dólares de inicios de semana. Los mercados entendieron que una guerra regional puede sacar del mapa millones de barriles diarios y parte importante de la oferta global de gas natural licuado.

México llega a esta guerra con la peor combinación posible: Produce menos petróleo que hace una década, refina con problemas estructurales y depende cada vez más de combustibles y gas importados. La guerra puede terminar mañana. Pero no la factura energética que paga México.

Incluso si el alto el fuego fuera inmediato, la producción petrolera podría normalizarse en meses conforme se reparan refinerías y rutas. El gas es diferente: La capacidad de Qatar e Irán tardará entre tres y cinco años en reconstruirse. Los volúmenes no se restablecen por decreto cuando cesa el fuego, sino cuando se reconstruyen plantas y regresa la confianza de los mercados.

La posición de México es paradójica. Sigue siendo productor de crudo, pero con una plataforma de exportación en caída libre: 658 mil barriles diarios en 2025, apenas 355 mil en enero de 2026. La consecuencia aritmética es brutal: Ese año, por cada 1.1 dólares recibidos por vender petróleo, México gastó 2.47 importando gasolina, diesel, gas natural y petroquímicos. En los meses recientes esa proporción llegó a 1.1 contra 3.30. No es un dato aislado: Es la tendencia estructural. México vende cada vez menos crudo y compra los energéticos que no produce. Y lo más grave es que esta fragilidad persiste pese a los rescates multimillonarios. Desde 2019, el Gobierno ha transferido a Pemex más de 981 mil millones de pesos, unos 57 mil millones de dólares, sin evitar la caída de la producción, el desplome de las exportaciones ni la creciente dependencia de combustibles y gas importados.

Aparentemente, de poco han servido.

La dependencia es aún mayor en gas natural. Alrededor de 70-77% del que consume el País llega por gasoductos desde Texas. El sistema eléctrico y la industria dependen del gas del Norte. Cualquier alza en los precios se traduce en mayores costos para la CFE, las fábricas y el consumidor. Y para esto no hay plan B.

Lo que pasa en el Golfo no llega a las gasolineras en tanqueros iraníes, sino a través de la referencia global que usan las refinerías estadounidenses que nos venden combustible. Si el conflicto sostiene los precios, el Gobierno enfrentará un dilema clásico: Dejar que el consumidor absorba el incremento o subsidiarlo a costa del presupuesto. Cada peso para amortiguar el golpe es un peso que no va a infraestructura, salud o educación.

La lección es simple: México no puede seguir apostando a que siempre habrá combustibles y gas baratos al otro lado de la frontera. Aprovechar los eventuales ingresos adicionales por el precio alto del petróleo para fortalecer la infraestructura interna -refinerías que funcionen, almacenamiento estratégico, diversificación de fuentes- es una cuestión de seguridad nacional. Es la única forma de no llegar igual de vulnerable a la próxima crisis.

Eduardo Ruiz-Healy

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