Después del “Mencho”: ¿Nueva estrategia?

Ana María Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum está defendiendo lo indefensible: Ella asegura que la violencia vivida el 22 de febrero no fueron actos terroristas y que su estrategia de seguridad difiere a la de Felipe Calderón y que sigue los lineamientos de “abrazos y no balazos” de su predecesor Andrés Manuel López Obrador.

Argumentos indefensibles, que además debilitan su imagen, nacional e internacional, de una mandataria decidida a enfrentar las organizaciones criminales más peligrosos del mundo. Reconociendo lo injusto y ofensivos comentarios de Elon Musk en contra de la Presidenta, pero su ataque está basado en comentarios de la mandataria del año pasado, donde ella asegura que “la guerra contra el narco no es opción”.

Pero ante las organizaciones criminales más peligrosos del planeta, como lo es CJNG o el Cartel de Sinaloa, se necesita un discurso de contundencia y determinación, además de reconocer la peligrosidad y el daño que le han hecho estos grupos a México. Y por eso sorprende que la Presidenta no esté dispuesta a reconocer que son actos terroristas el robo y la quema de más de 630 autos, código rojo en 20 estadios, cancelación de transporte público en mas de la mitad del País, paralización de aeropuertos, y decenas de países con alertas para sus connacionales pidiendo que no salgan de su casa o hotel.

Y se entiende porque la Presidenta no le gusta usar la palabra terrorista en la antesala de los juegos de repechaje. Pero el comparar la expresión de violencia que se vivió en el País como actos vandálicos es una ofensa a la memoria de los más de 30 funcionarios que murieron cumpliendo con su deber. Ellos no enfrentaron vándalos, murieron enfrentando terroristas. Y todos mexicanos, empezando con la Presidenta, deben de reconocer la valentía de estos héroes.

Por eso es tan ruin el comentario de Musk en contra de la Presidenta, ya que es ofender a todos los que han muerte en esta nueva “guerra” en contra de las organizaciones criminales.

Y uso el concepto “guerra” porque al reconocer el control territorial que tienen estos “terroristas”, significa que el Gobierno de México forzosamente tiene que cambiar su estrategia de seguridad: Es muy diferente perseguir extorsionadores, secuestradores, organizaciones de huachicol o narcomenudistas, a perseguir organizaciones que pueden paralizar el País con actos terroristas.

Esto me lleva a cuestionar algunas ausencias importantes en esta estrategia para enfrentar a las organizaciones “terroristas”: ¿Dónde está la Fiscalía General de la Republica? En una estrategia integral para enfrentar la violencia en el País, dentro del estado de Derecho, se requiere la colaboración del gabinete de seguridad, en donde la Fiscalía (aunque sea independiente) debería de jugar un papel fundamental para asegurar que después de la detención de un individuo, este enfrente una investigación y un juicio. Así funciona el estado de Derecho en una democracia.

Pero la fiscal está literalmente desaparecida. Hasta el momento no ha habido una conferencia de prensa para informar y no estuvo presente en la mañanera del lunes cuando informaron los secretario de Defensa y de Seguridad Pública del operativo para capturar al “Mencho”. Y lo más sorprendente ha sido ver cómo compañeros reporteros y medios de comunicación tuvieron acceso a la casa en donde operaba y se resguardaba el hombre más peligroso de México. Aparentemente a nadie se le ocurrió que después del operativo, la importancia de resguardar esta casa en Tapalpa con documentos, computadoras, información, vaya, evidencia fundamental para continuar atacando a los individuos que trabajan y se benefician del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto debió ser responsabilidad de la Fiscalía General de la República, para asegurar la cadena de evidencia para futuros procesos penales en contra de funcionarios, individuos y empresas vinculadas a CJNG y asegurar su eventual desmantelamiento.

¿O, la estrategia ahora es no apostar al sistema de justicia penal como mecanismo para pacificar el País? Y esta no es una pregunta ociosa, porque en también está la duda razonable, ante los cuestionamientos de ineficacia de los jueces que fueron electos el año pasado gracias a la reforma constitucional: ¿Será posible enjuiciar en el País a estos “terroristas”? O la apuesta siempre ha sido entregarlos a EE.UU. ¿Una estrategia dentro del estado de Derecho o de guerra?