Laberinto de la ciudadanización

CASCABEL

Sonora perdió 15,854 empleos formales en 2025, un penoso segundo lugar nacional en pérdida de empleos en un año donde en todo México tan sólo se crearon 278,697 empleos formales.

Una inobjetable realidad consecuencia de erradas políticas públicas que se reflejan en raquítico crecimiento económico, realidad que contradice la recurrente narrativa de imaginarios logros.

Logros que sólo existen en la febril mente de quienes dicen gobernar. Datos contundentes, por cierto ausentes en la propaganda de Durazo Montaño que cotidianamente destaca los grandes proyectos asociados al imaginario Plan Sonora, resultados que evidencian que en el quinto año de la administración en curso siguen sin entender nada y en consecuencia son incapaces de modificar el rumbo.

Se debe resolver entre otras la incertidumbre asociada a incapacidad del Estado, abandono del deber, repudio a la legalidad, negligencia deliberada y crisis de legitimidad de gobernantes originada por su alto grado de incumplimiento de promesas así como señalamientos de inconfesables alianzas con grupos fuera de la ley.

Seguridad, estado de Derecho, corrupción e impartición de justicia son tareas urgentes, de seguir sin mejoría, crecimiento económico, empleo y movilidad social seguirán estancados. Bajo la administración de Durazo Montaño, no obstante su promesa de no subir impuestos, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISN) ha incrementado substancialmente.

De una tasa de 2% se incrementó al 3% argumentado la eliminación de impuestos asociados por ser inconstitucionales que dejaron de sumarse al ISN, los cuales se siguen cobrando inconstitucionalmente en otros rubros.

En 2025 incrementaron impuestos bajo la misma base del ISN en 1% adicional para aquellas empresas con más de 100 empleados quedando obligado el Estado bajo el artículo 292 BIS11 de la Ley de Hacienda estatal a: “La recaudación que por concepto de esta contribución se obtenga deberá destinarse a un fondo estatal para fortalecer las instituciones de seguridad pública…”.

Como sostenía en anteriores columnas las medidas recaudatorias impulsadas por Durazo Montaño, repudiando su palabra, afectarían la competitividad del Estado con consecuencias en la generación de empleo. La pueril justificación del incremento de 2025 de que empresarios solicitaron dicho incremento es un sin sentido, sólo un pequeño grupo acompañó a Durazo por razones que sólo ellos sabrán. Un pequeño grupo dotado con 923 millones de pesos de recursos públicos que implementarían medidas para combatir la incidencia delictiva vía un Fideicomiso de Seguridad (Ficoseg).

En el informe al cuarto trimestre del Gobierno de Sonora (https://recaudacion.sonora.gob.mx/ media/206626/analitico-de-partidas-4to-trimestre-2025.pdf) se presenta una reducción en la partida 46401 de Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras por $923,014,225 y aparece una ampliación en la partida 114019 Ficoseg por $892,369,821 de los cuales se reportan como pagados $708,149,187. La ley es clara: “Deberá destinarse”; inexplicablemente el Ejecutivo reduce y retiene casi 184 mdp. De los 708 mdp que el Ejecutivo del Estado de Sonora reporta haber pagado en 2025 al Ficoseg misteriosamente en los registros que se presentan de este ente (https:// recaudacion.sonora.gob.mx/media/206637/tomo-11-seguridad-pública-ficoseg.pdf ) bajo responsabilidad de su director general, maestro Lugo Sau sólo se reportan ingresos $388,353,525.20 por transferencias.

Por un lado dicen haber pagado 708 mdp y por el otro dicen haber recibido 388 mdp; 320 mdp de diferencia entre lo que salió de Hacienda y lo que llegó a Ficoseg. Esta semana finalmente se anunciaron los dos primeros proyectos aprobados por Ficoseg, uno atendiendo petición de Secretaría de Seguridad estatal un segundo del Gobierno municipal de Hermosillo, va a ser importante no perder de vista el equilibrio regional atendiendo aquellas regiones al rojo vivo. Sinceramente espero ambos proyectos contribuyan positivamente, igualmente espero sus creadores responsablemente informen y aclaren sobre recursos retenidos no trasladados al fideicomiso.

Que la perdida de empleo de 2025, el incremento en la percepción de inseguridad, la disminución en inversión privada ocasionada en parte la inconstitucional medida impulsada por Durazo Montaño queden como advertencia sobre las consecuencias de ir en contra de toda lógica económica de incrementar impuestos sin enfrentar las causas de la inseguridad.

Es obligación del Estado proveer seguridad de identidad, personal, patrimonial y jurídica. Es obligación ciudadana contribuir de acuerdo al 31 constitucional. Como obligaciones adicionales está el participar, involucrarse en los asuntos públicos y sociales, el estar informado, respetar las normas y sobre todo votar responsablemente.

En el largo camino para superar aquella asfixiante dictadura perfecta se soñaba con una democracia robusta donde el voto individual contara, contrapesos constitucionales independientes, representación efectiva, transparencia y rendición de cuentas. Bajo la misma tesitura de aquellas reformas para incorporar a las múltiples corrientes políticas, en este siglo por diferentes mecanismos se buscó incorporan a la ciudadanía en la toma de decisiones, la creación de múltiples consejos de cortesía es el resultado. La complicidad al simular no es opción.

Sostengo que ciudadanos no deben administrar recursos públicos, para eso están quienes gobiernan, de igual forma sostengo que los ciudadanos debemos ser parte de la solución vía señalamientos puntuales, propuestas y debate constructivo. Sobre todo sostengo que debemos evitar tentaciones asociadas con la proximidad al poder, ser apologistas del fracaso y copartícipes en los absurdos del poder justificando un gradualismo ramplón.

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Óscar F. Serrato Félix es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.