Cerro de la Campana

En estas semanas arrancará en la Cámara de Diputados la discusión de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, con la previsión de que pueda votarse en el Pleno el 24 ó 25 de febrero. Se espera que haya debate porque aunque la reforma constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada el miércoles pasado por unanimidad en el Senado, el verdadero debate se concentrará en las leyes secundarias.

La mandataria ha explicado que se busca atender una demanda histórica y que la reducción no implicará merma salarial.

En el sector empresarial hay preocupación por el factor económico de esta reforma laboral por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), presidida por Octavio de la Torre de Stéffano, y de la Fecanaco en Sonora, Martín Zalazar Zazueta, es que el impacto podría ascender hasta 66 mil pesos por trabajador al año, una cifra que para grandes corporativos es absorbible, pero para negocios familiares, coinciden, puede ser determinante.

La propuesta que ponen sobre la mesa es que haya subsidios desde la hora 41, incentivos fiscales y reglas diferenciadas para micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su lado, el diputado Ricardo Monreal ha descartado un “fast track” y promete escuchar a todos, algo que será clave porque el reto de todas las partes, han dicho los expertos, es armonizar justicia social con la viabilidad económica.

Mujeres y hombres de trabajo, compañeros, maestros y estudiantes de minería salieron en varias ciudades del País en una marcha ejemplar, pacífica y solidaria para exigir justicia por los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, cinco de ellos encontrados muertos y cinco más que se encuentran desaparecidos.

En Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Sinaloa, San Luis Potosí y otras entidades también salieron a la calle en esta manifestación convocada a nivel nacional por las asociaciones mineras de México para expresar su dolor, que se esclarezca lo ocurrido y pedir condiciones de seguridad para su trabajo, demandas válidas que las autoridades de todos los niveles de Gobierno deberían escuchar y atender.

Con expresiones como “Los mineros estamos de luto”, la comunidad minera portó fotos de sus compañeros del gremio que laboraban para la minera canadiense Vizsla Silver y se solidarizaron con las familias de las víctimas de este caso que tiene la atención nacional e internacional.

A menos de un año de su implementación, la reforma judicial ya deja ver inconsistencias que ni sus impulsores pueden ignorar como lo hizo el senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien ha admitido que debe revisarse antes de 2027. Sin rodeos, Corral fue directo al señalar que en varias entidades los gobernadores “se despacharon con la cuchara grande, y pusieron a quien quisieron”, por lo que señala que el resultado es: “Ahora estamos un poco ahí pagando las consecuencias”.

Lo que propone para enmendar, lo que críticos y opositores han calificado como “experimento” de la reforma judicial, es fortalecer los comités de evaluación, privilegiar la carrera judicial y fijar criterios más estrictos, algo que en durante los debates legislativos, especialistas llamaron a poner estos candados desde el diseño original.

Y para rematar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió impugnaciones contra la reforma y otras leyes clave. Desde la oposición, voces de las senadoras Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de MC, exigen acatar resoluciones internacionales. Incluso el emecista Clemente Castañeda y la priista Carolina Viggiano respaldan revisar inconsistencias.