Cerro de La Campana

Hay preocupación por los 10 trabajadores mineros secuestrados en Sinaloa tras el informe de la FGR de la localización de cuerpos y restos humanos que “cuentan con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas”.

Ya pasaron quince días sin que el Estado mexicano tenga aún respuestas del paradero de al menos 10 trabajadores de la mina canadiense que fueron secuestrados en Sinaloa, que ha causado dolor a las familias, indignación y consternación en el País y que además se ha convertido en un problema nacional e internacional.

Las autoridades de Sinaloa ni de México han podido precisar cuántas son las personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad en un campamento de Concordia porque la empresa Vizla Silver Corp., sólo identifica a 10 ingenieros y técnicos que trabajaban en la mina, pero han trascendido que podrían ser hasta catorce desaparecidos.

Lo que se conoce es que siete de ellos son de Hermosillo. Tampoco se ha informado el móvil.

Se ha cuestionado la tardía acción de las autoridades que apenas hace una semana enviaron fuerzas federales de refuerzo a ese Estado y también para informar del hecho en los primeros momentos que se conoció ya que fueron los familiares de los trabajadores quienes empezaron a reportar a los medios y clamar por ayuda para su localización, y hasta el momento algunos de ellos acusan que hay un vacío informativo de las autoridades.

En el operativo de búsqueda se han identificado objetos que presuntamente pertenecen a los trabajadores y además se reportó el hallazgo de 10 “narcocampamentos”, adicionalmente el secretario Omar García Harfuch ha informado que en esa región opera un grupo criminal.

Este secuestro masivo envía muy mala señal sobre la inseguridad en el País, los riesgos para la población, los trabajadores, y las empresas que operan en territorios donde el crimen organizado tiene presencia.

En medio de esa crítica situación cobra fuerza el pronunciamiento del líder de la Coparmex nacional, Juan José Sierra Álvarez, quien reiteró que al empresariado “lo tienen de rodillas” la delincuencia por las extorsiones y otros delitos.

Su mensaje hizo eco porque habló de la inseguridad que afecta a las empresas, pero también de otros asuntos como la atención que tendrán por la anunciada reforma electoral, de los cambios en la ley laboral y de los retos que significará el T-MEC. En resumen, el empresariado exige seguridad y certeza jurídica.

El dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estuvo ayer en esta ciudad para encabezar el acto de toma de protesta a Jaime Isaac Félix Gándara como nuevo presidente de la Coparmex Sonora Norte para el periodo 2025-2026 en relevo de Gilberto Robles Bustamante.

En esa asamblea estuvieron también el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, y el alcalde Antonio Astiazarán.

Acorde al mensaje de Sierra Álvarez entre los asuntos de interés para el sector privado sonorense está el seguimiento al Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad en Sonora (Ficoseg) que, según expuso en su discurso Jaime Félix Gándara, avanzan para concretar el fondo con la aportación que hacen 40 empresarios con lo que se pretende financiar proyectos en conjunto con el Gobierno estatal para inteligencia y fortalecimiento policial.

La Coparmex ha sido un organismo líder en el País porque ha puesto en la agenda nacional no sólo los temas de economía sino la seguridad, la democracia, la educación y el desarrollo social, cuyos líderes tienen la misión de representar y hacer escuchar a esa parte que genera empleo, riqueza y contribuye al desarrollo.