Zona Sísmica

Batalla anticipada a la reforma electoral

Todavía no está la iniciativa presidencial para la reforma electoral sobre la mesa y la batalla ha arreciado, lo que anticipa el paquete legislativo que se acerca y su impacto para el País.

Quien encendió el fuego del desacuerdo fue Pablo Gómez, jefe de la Comisión Presidencial para esta reforma, cuando dijo que no estaba de acuerdo con la autonomía del INE, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que aclarar al día siguiente que su propuesta buscará mantener que ese organismo sea autónomo y que queden representadas las minorías, que las elecciones no sean “tan onerosas” y que se fortalecerá el sistema electoral.

Los opositores difieren y ya la acuñaron como “Ley Maduro” porque aseguran que consolidará un régimen autocrático al reducir las plurinominales y el financiamiento público a los partidos, debilitará al Instituto Nacional Electoral para controlar las elecciones desde el Gobierno.

Hay fuertes críticas de legisladores como la emecista Patricia Mercado Castro quien acusa que “el pueblo de México no le dio la mayoría calificada a la coalición Morena-PT-Verde. La tomaron a la mala. La reforma electoral que vamos a discutir tiene que proteger el pluralismo, que es indispensable en una democracia”; el también dirigente priista Alejandro Moreno la califica como “una farsa para secuestrar las elecciones”; el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, señala que es un intento por aferrarse al poder y hasta el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dice que no se necesita cuando “ya tenemos los tres poderes”.

Con una oposición débil en número y acción frente a la aplanadora de Morena y sus aliados, muchos ven difícil que se frene esta reforma, cuya iniciativa está planeada presentar a más tardar la segunda quincena de febrero.

Aranceles contra aliados

Donald Trump vuelve a hacer lo que mejor domina: convertir la política exterior en un ejercicio de presión comercial.

Ayer el Presidente de Estados Unidos lanzó la amenaza de imponer aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia por rechazar el control estadounidense de Groenlandia.

La medida no sólo es desproporcionada, sino profundamente reveladora de su visión del mundo: todo es negociable si se aplica el castigo económico suficiente.

El uso de aranceles como arma diplomática no es nuevo en Trump, pero esta vez el objetivo no es China ni un rival estratégico, sino aliados históricos de la OTAN. Países que han compartido inteligencia, tropas y compromisos de seguridad durante más de siete décadas ahora son tratados como obstáculos para una ambición territorial que raya en lo anacrónico. Comprar Groenlandia no es una transacción inmobiliaria; es una idea que ignora el derecho internacional y la soberanía.

El mensaje implícito es inquietante: si un aliado no se alinea con los intereses de Washington, puede ser castigado económicamente. Esta lógica erosiona la confianza que sustenta a las alianzas occidentales y fortalece el argumento de quienes ven a Estados Unidos como un socio impredecible. No es casual que líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, equiparen estas amenazas con otras formas de intimidación geopolítica: el lenguaje de la coerción, venga de donde venga, siempre genera inestabilidad.

Más allá de Groenlandia, el episodio revela una tendencia peligrosa. La diplomacia basada en ultimátums puede producir titulares, pero rara vez construye consensos duraderos. En un contexto global marcado por guerras, crisis económicas y tensiones crecientes, debilitar a la OTAN desde dentro parece menos una estrategia y más una apuesta arriesgada.

Trump puede creer que los aranceles fuerzan acuerdos. La historia reciente sugiere lo contrario: también siembran resentimiento, fragmentan alianzas y dejan cicatrices difíciles de borrar. En política internacional, gobernar a base de amenazas suele tener un costo que termina pagando el propio impulsor.