El T-MEC como instrumento de presión

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero pasado politizó el proceso del T-MEC que debe entrar a revisión conjunta el 1 de julio de 2026. El tema dejó de ser técnico y pasó a depender del conflicto político entre Estados Unidos y gobiernos de Latinoamérica.

México defiende la no intervención; EE.UU no discute principios sino control. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el secuestro de Maduro y lo enmarcó en las leyes mexicanas y el Derecho internacional. Esa línea pesa porque agrega un motivo más para que el Gobierno de Donald Trump endurezca su posición negociadora.

El fondo no es Venezuela. Es el precedente. Si EE.UU puede realizar una captura de ese tamaño en el hemisferio, la migración, el fentanilo, la energía, Cuba, los aranceles y las reglas de origen se vuelven fichas de negociación. Fitch advirtió que, por lo ocurrido en Caracas, la negociación del T-MEC será más difícil.

El tratado incluye una cláusula para presionar: Si un país decide no extenderlo, se abre un ciclo de incertidumbre que castiga inversión y cadenas de suministro. Trump empuja un relato: México coopera cuando le conviene, pero estorba en seguridad hemisférica. Así, lo comercial se negocia como premio o castigo.

En el Congreso de EE.UU surgen las críticas. El republicano de Florida, Carlos Giménez, advierte de “graves consecuencias para el comercio” si México “socava la política estadounidense”. La republicana de Florida, María Elvira Salazar, acusa a México de “subsidiar a la tiranía” al enviar petróleo a Cuba y pide sanciones. Mike Waltz empuja esa versión desde la ONU. Y en Fox News, el comentarista Jesse Watters la convierte en consigna: O México se alinea o pagará el costo de no hacerlo.

Cuba es el detonante. La presidenta Sheinbaum sostuvo el 7 de enero que México no incrementó los envíos de petróleo “arriba de los niveles históricos”, pero aceptó que, con el bloqueo a las exportaciones venezolanas y con Maduro preso, México pasó a ser proveedor clave de Cuba. Eso basta para que EE.UU acuse a México de ser salvavidas de la dictadura cubana.

Si es salvavidas, puede ser sancionado porque la Ley Helms-Burton castiga a quien apoye al régimen cubano o se beneficie de activos expropiados por ese Gobierno. El gatillo es el “tráfico” de propiedades confiscadas: Basta con usar o facilitar operaciones ligadas a la infraestructura estatal cubana para abrir demandas y castigos.

El Gobierno mexicano enfrenta más presiones. En sectores republicanos se empuja enviar soldados o policías de EE.UU a México para combatir a los cárteles. Eso es políticamente explosivo y jurídicamente inviable: La seguridad pública está reservada al Estado y la Ley de Seguridad Nacional acota a agentes extranjeros. Si EE.UU no puede imponer presencia operativa, sí puede causar incertidumbre, presión financiera y amenazas comerciales mediante el T-MEC.

Conclusión: Una sanción total contra México es improbable por la interdependencia entre ambos países. Las sanciones selectivas sí encajan con el estilo de Trump y sus consecuencias se verán en inversión, tipo de cambio y crecimiento.

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Eduardo Ruiz-Healy

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