Sheinbaum fija la no intervención como postura de Estado

Lo que leyó ayer en La Mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum no fue un parte informativo ni un diagnóstico sobre Venezuela. Fue un posicionamiento de Estado: No busca contar qué pasó ni explicar por qué pasó, sino fijar la postura oficial, marcar principios, poner límites y mandar señales diplomáticas.

El mensaje es claro y consistente: Rechazo absoluto a la intervención extranjera como mecanismo de cambio político. El mensaje está dirigido a Estados Unidos y a la región: México no acepta que la fuerza, abierta o encubierta, sea una herramienta de política exterior.

Así, el texto reafirma la doctrina histórica de no intervención y autodeterminación. Ese precepto se sustenta en: 1) la Constitución, que fija como principios rectores de la política exterior la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la proscripción del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias, e incorpora los tratados internacionales al orden jurídico supremo; 2) la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la libre determinación y el principio de no intervención, y establece que el uso de la fuerza solo es admisible cuando el Consejo de Seguridad lo autoriza; y 3) el derecho internacional, desarrollado por una Resolución de la Asamblea General y confirmado por fallos de la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahí plantea una alternativa: Cooperación, inversión, integración productiva y desarrollo regional como vía para reducir violencia e inestabilidad.

Ahí encaja una de las frases centrales del posicionamiento: “La intervención nunca ha traído democracia”, que funciona como advertencia histórica y como recordatorio de un principio: La democracia no se instala desde fuera. El mensaje busca fijar una idea rectora: La fuerza no es un método legítimo para ordenar la vida política de otro país.

Y el caso venezolano sirve también para delimitar la relación con EE.UU sin romper puentes. La presidenta reafirma que México está dispuesto a cooperar en los temas más sensibles -fentanilo, armas y crimen organizado-, pero deja claro el límite: Cooperación sí, sin subordinación ni intervención.

El texto cumple su objetivo político. No es ambiguo, no se contradice y deja por escrito la postura del Estado mexicano.

El mensaje será criticado por la oposición y por los comentócratas anti-4T por una omisión deliberada. No hay una sola mención al autoritarismo, a los presos políticos, a los asesinatos de manifestantes, ni a las violaciones a derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Eso no es un descuido ni una absolución. Es una decisión consciente: El juicio moral no es el centro del mensaje. El centro es el principio de no intervención. A muchos les hubiera gustado -entre ellos yo- que la Presidenta hubiera condenado a Maduro, pero es evidente que no lo hará por las razones aquí anotadas. Quien espere una condena al régimen venezolano no la encontrará porque el texto no busca evaluar gobiernos, sino cuestionar métodos.

En síntesis, el posicionamiento es doctrinario, deliberado y claro. La Presidenta fijó postura y la dejó amarrada a Constitución, ONU y derecho internacional. Ahora el debate ya no es qué dijo, sino qué consecuencias tendrá.

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