Incondicionales sin escrúpulos

El 23 de diciembre apareció una lista de 25 órdenes de aprehensión en Hermosillo, algunas fueron ejecutadas en la madrugada deteniendo a ciudadanos y realizando cateos, los arrestos se cumplieron amparados bajo el vago postulado judicial: “Incumplimiento de un deber legal”, como consecuencia del infortunado incendio en la tienda Waldo’s.

El “incumplimiento de un deber legal” es un argumento ambiguo, si este criterio se aplicara nos quedaríamos sin autoridades, en esta falta caben desde un alto funcionario hasta cualquier burócrata que en algún momento no atendió alguna responsabilidad. Lo que menos importa es hacer justicia, lo apremiante es provocar temor y capitalizar la indignación social.

En Sonora tuvimos un funcionario del Poder Judicial que impidió al Ejecutivo darle órdenes y trastocara su ejercicio como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al tiempo llegaría al Gobierno de la Ciudad de México y su administración será materia de aprendizaje.

En 1937 asumió la gubernatura el general Román Yocupicio, Ernesto P. Uruchurtu es nombrado presidente del Supremo Tribunal dando muestras tempranas de independencia.

Ante los primeros roces entre Uruchurtu y Yocupicio vino el desencuentro, en un Congreso de la Unión Campesina en Cajeme, las críticas a Yocupicio arreciaron, el mandatario fue informado respondiendo contrariado; la orden de aprehensión en contra de líder de aquella organización y antagonista del Gobernador fue liberada, el inculpado acudió a un juzgado para solicitar el amparo siéndole concedido, esto desencadenó la furia del mandatario provocando el enfrentamiento entre el funcionario judicial y el Ejecutivo estatal.

El doctor Manuel Perló Cohen lo explica en: Uruchurtu, el Regente de Hierro, tomo 1: “La reacción de Yocupicio fue contundente: Movilizó al Congreso local, que le era completamente adicto, y el 30 de abril le fue notificado al licenciado Uruchurtu que por orden del mandatario estatal se había decretado cesarlo como magistrado de la primera sala del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Uruchurtu se negó a renunciar y en forma inesperada solicitó protección ante el Poder Judicial de la Federación, mediante un amparo en contra de actos del ciudadano Gobernador del Estado y del Congreso local”.

Las consecuencias para la administración de Yocupicio fueron delicadas, a todos los integrantes del Supremo Tribunal se les pidió la renuncia y la negaron en solidaridad con Uruchurtu, el Gobernador movilizó toda su fuerza para deshacerse de aquel magistrado; la fuerza se impuso y Uruchurtu renunció publicando una carta en agosto de 1937 en la que señala sus consideraciones:

“Porque no más se vio asegurado el triunfo de Yocupicio a su alrededor se fue formando la misma casta de serviles que persigue a todos los poderosos, el mismo lastre de incondicionales sin escrúpulos cuyo mérito de siempre es de ser los primeros en adivinar el pensamiento del que les paga, quienquiera que éste sea, en complacerlo, en halagarlo, en endiosarlo.

[…] Porque hasta después descubrimos que aquel hombre que en un principio creíamos todo nobleza, bien intencionado y de buena fe, por colaborar entendía no rechazar sus consignas, no decirle sus errores, no anunciarle sus fracasos, así estuviera encaminado al Estado al desastre más inevitable. Y ahora estamos presenciando el catastrófico resultado de una mala administración que apenas inicia, y esperando pacientemente el inevitable y fatal desenlace de esta negra jornada en la historia de Sonora”.

El acoso judicial es incesante, lo mismo periodistas que ciudadanos así como presuntos responsables indirectos, buscando la intimidación sostenida por imputaciones inciertas e irregulares.

La casta de serviles e incondicionales sin escrúpulos a los que se refería Uruchurtu en 1937, regresa del pasado para instaurar el populismo punitivo.