El dedazo notarial de David Monreal

El miércoles pasado marcó un antes y un después en Zacatecas: El poder político chocó con la certeza jurídica. En un comunicado, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) denunció un “retroceso histórico”. No fue pleito gremial. Fue alarma por la reforma a la Ley del Notariado local, que degrada la fe pública y busca volverla herramienta política.

Con Ricardo Vargas al frente, el notariado cerró filas y pidió al gobernador David Monreal Ávila vetar una ley diseñada no para servir al ciudadano, sino para consolidar su poder unipersonal. La LXV Legislatura la aprobó con 15 votos contra 10. Lo que se impuso no es técnico: Es político.

Zacatecas decidió caminar al revés. Sustituyó el examen de oposición -el filtro técnico por excelencia- por la designación directa. En términos llanos: Regresó el dedazo. Y lo peor está en el artículo 66 Bis: Se entrega la patente primero y se dan 20 meses después para “prepararse”. Se oficializa la improvisación. Es como dar licencia de cirujano a un estudiante y decirle que aprenda operando.

La reforma encaja con el estilo de Monreal: Concentración y cero contrapesos. El contexto es adverso: Conflicto con la Sección 58 del SNTE, escuelas paralizadas por falta de pagos, y percepción crítica de inseguridad en Fresnillo. Donde urgía pagar y recuperar gobernabilidad, se prefirió controlar quién firma y quién valida. Cuando un Gobierno no puede pagar, busca controlar. Bajo la bandera de la “Cuarta Transformación” y su “no somos iguales”, se revive el vicio clásico: Notarías como botín político.

La historia reciente enseña el costo. Oaxaca mostró el “Cártel del Despojo” (2022-2023): Notarios que daban fe a muertos y “metían” escrituras falsas; en 2024 se reportó la detención de un notario y la suspensión de la Notaría 84. Nayarit exhibió el fraude masivo del Infonavit (2013-2018): 60,000 familias despojadas con notificaciones imposibles; hay jueces presos y un ex juez sentenciado a tres años, mientras el cierre para notarios es opaco. En Veracruz, durante el Gobierno de Javier Duarte (2010-2016), se expidieron actas constitutivas para empresas fantasma; en 2016 se habló de 13 notarías investigadas y predominó la impunidad. En CDMX, el cártel inmobiliario en Benito Juárez monetizó pisos ilegales: Sentencias a ex funcionarios, no al fedatario.

La economía moderna vive de confianza. Si escrituras y actas se firman por improvisados u operadores políticos, la inversión se detiene. La duda jurídica es veneno. Puebla lo recordó con 29 notarías revocadas tras los excesos de Rafael Moreno Valle.

Además, no se trata sólo de títulos notariales. Se trata de crédito, hipotecas, herencias y contratos. Un banco no presta sobre un terreno con dudas; una empresa no instala una planta donde la propiedad puede litigarse; una familia no invierte sus ahorros si la escritura vale menos que un capricho político. Eso es crecimiento cancelado, empleos que no llegan y pleitos que enriquecen a coyotes y abogados.

El CNNM lo dijo claro: La seguridad jurídica no admite excepciones politizadas. El veto es la última salida antes de institucionalizar la vulnerabilidad patrimonial.

Versión ampliada y materiales complementarios en ruizhealy.substack.com

Eduardo Ruiz-Healy

X: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com