Casar, cazada

Para Miguel Jaúregui.

No es un caso. Es un método. Un manual de instrucciones para disciplinar a quien investiga, incomoda y documenta. Lo que comenzó con López Obrador -el linchamiento desde la mañanera, el señalamiento moral, el “ahí les va el expediente”- hoy continúa bajo Claudia Sheinbaum, ya no sólo como narrativa, sino como engranaje judicial. La persecución se hereda. Y en el relevo, se perfecciona.

A María Amparo Casar la persiguió primero el micrófono presidencial. Hoy la persigue el Estado con tres frentes simultáneos: Administrativo, civil y penal. Tres carriles para un mismo destino: Desgastar, intimidar, distraer y mandar un mensaje a todos los demás.

El expediente arranca con la pensión por viudez derivada de la muerte de su esposo, ex funcionario de Pemex. Pemex suspendió pagos en 2024 y buscó recuperar lo que afirma fue cobrado indebidamente: Alrededor de 31 millones de pesos, cifra que -según lo difundido entonces- incluye una pensión mensual (aprox. 125 mil pesos) y un seguro de alrededor de 17 millones. A la par, durante el tiempo que correspondía, sus hijos recibieron una pensión mensual de 15,434 pesos.

Hasta ahí, en cualquier democracia funcional, habría una discusión técnica: Si el beneficio procede, si hubo error administrativo, si existió responsabilidad de servidores públicos que autorizaron, si corresponde reintegro o no. Y se litiga. Con reglas. Con proporcionalidad. Pero aquí no estamos en una democracia funcional. Estamos en una democracia de utilería con Fiscalía de utilería. Por eso el caso de Casar no sólo se litiga: Se escenifica.

Primero, el juicio administrativo: Se le exige reparación del daño al Estado. Segundo, el civil: Se reclama la devolución de montos millonarios ligados a lo pagado durante años. Tercero, el penal: La joya de la corona del amedrentamiento. La Fiscalía la acusa del delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades” -una figura típicamente diseñada para castigar a servidores públicos que abusan de su cargo. Lo absurdo salta a la vista: Casar no era funcionaria de Pemex cuando se otorgó el beneficio. Sin embargo, la acusación avanza.

Y avanzó con una cita que olía a escarmiento: Audiencia en el Reclusorio Oriente para el 16 de diciembre de 2025. ¿Por qué en un reclusorio? Porque en México la forma también castiga. Porque no basta con acusar: Hay que exhibir. Hay que hacer que el proceso huela a celda, aunque termine -por ahora- en trámite.

La indignación pública fue inmediata. Y entonces ocurrió la coreografía conocida: La Fiscalía salió a decir que “analiza detalladamente” la indagatoria para verificar que esté integrada conforme a Derecho, y negó actuar “por consigna”. Traducción: Ante la presión, Ernestina Godoy pospone y patea el bote. No cancela el castigo; lo administra.

Peor aún: La propia Fiscalía subraya que el caso ya estaba judicializado desde septiembre, y no “recientemente”. Como si la cronología limpiara la intencionalidad. Como si decir “esto viene de antes” borrara la continuidad de la cacería. Porque sí: El origen público del ataque es lopezobradorista y la continuación institucional es sheinbaumista.

Casar, frente a esto, decide quedarse y dar la batalla. Decisión valiente en un país donde la justicia es discrecional, el debido proceso es negociable y Godoy llega con la consigna de perseguir a unos y proteger a otros. Mientras a ella la cercan con tres litigios, en la 4T permanecen intocados los casos que sí gritan Estado capturado. Las denuncias y señalamientos sobre figuras del oficialismo -Adán Augusto, Rubén, Cuauhtémoc- que no reciben ni la diligencia mínima.

Aquí está la crítica de fondo y por eso este caso incendia: La justicia opera con dedicatoria. El aparato penal se vuelve herramienta para ajustar cuentas con críticos, y el aparato administrativo/civil se convierte en ariete económico para quebrar resistencia.

Y cuando se decide que alguien “merece” castigo -por investigar demasiado, por publicar demasiado, por no doblarse- entonces aparecen tres juicios, una audiencia en reclusorio y una carpeta que se “revisa” sin desistirse.

La pregunta no es sólo si Casar ganará o perderá en tribunales, ante una jueza recién electa. ¿Cuántos más se autocensurarán por el miedo a convertirse en el siguiente expediente útil? Porque en esta “transformación”, el mensaje es claro: La ley no se aplica para garantizar la justicia. Se usa con permiso para cazar.