Los retos de la fiscal II: Rescatar el estado de Derecho

Ana María Salazar

El carro bomba que estalló frente el edificio de la Policía comunitaria de Coahuayana ¿debe de considerarse como un atentado terrorista? A menos de una semana de asumir el cargo, Ernestina Godoy enfrentó uno de los grandes retos de todo fiscal: El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, le enmendó la plana: Lo sucedido en Coahuayana, Michoacán, no fue un acto de terrorismo sino es un ejemplo más de la lucha entre diferentes organizaciones criminales por el control de la violenta región de Michoacán. La definición de si este acto de violencia debe de investigarse y perseguir como un acto terrorista es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), no del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El caso de Coahuayana también es un ejemplo porque el Ejecutivo, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, necesita poder tener injerencia en las decisiones de la Fiscal: En un momento donde México busca dar una imagen de estabilidad y gobernabilidad para darle la bienvenida a los equipos y turistas que vendrían a México para participar en el mundial. Carros bomba no apoya este esfuerzo, de hecho, parecería que el Gobierno achaca estos ataques como parte de la guerra intestina entre organizaciones criminales que no “impacta” a “civiles” y mucho menos a las personas que planean visitar México. Pero cada vez que se usa la palabra “terrorista” para describir actos o personas violentas, incrementa la posibilidad de que Estados Unidos y otros países aumenten las alertas para que sus connacionales consideren o eviten viajar a México. Los futbolistas, y su equipo de apoyo seguramente están evaluando qué tanta seguridad requiere los jugadores y los connacionales que viajarán a México. Seguramente las asegurados estarán evaluando la prima: Cubrir accidentes o eventualidades es muy diferente a cubrir siniestros que son considerados actos terroristas.

La imagen del País puede depender de cómo la fiscal decide perseguir ciertos delitos: Un país donde reina la impunidad para los violentos y los corruptos, o donde se persigue a la oposición o los enemigos del régimen y las víctimas están desamparadas y no se les concede apoyo o justicia.

Uno de los mayores retos que enfrenta Ernestina Godoy es que la delincuencia, el crimen organizado y los corruptos, no le tienen miedo a la FGR ni al Ministerio Público. Parte del problema fue la infame estrategia “abrazos y no balazos” que permitió que el crimen organizado dramáticamente incrementara su control territorial en el País. Pero también es importante señalar que en los últimos 25 años de reformas para mejorar la justicia penal en México, la organización huérfana ha sido el Ministerio Público. Y con las últimas reformas creando la Fiscalía General de la República, parecería que la institución se encuentra en el peor de los escenarios: El o la titular es “disque independiente” cuando sea conveniente al Ejecutivo, para así evitar el costo político del fracaso del Estado mexicano para proteger a los ciudadanos de las organizaciones más violentas del planeta. Este fracaso explica también por qué del Gobierno de Donald Trump decidió clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ha sido clara la incapacidad o la falta de voluntad de enfrentar las cúpulas de estas organizaciones y los funcionarios, empresarios que apoyan o se benefician del crimen organizado. Y aunque las sanciones por la nueva política antiterrorista de Trump no necesariamente se traducen en cárcel, pero sí impacta los flujos financieros, y debería tener un impacto reputacional al transparentar la información que tiene Estados Unidos. En este momento los criminales no le temen a la fiscalía, pero sí tienen miedo a que sean perseguidos por el Gobierno de los Estados Unidos y sean entregados sin ser extraditados -como regalito- al Departamento de Justicia.

Pero es grave, muy grave que el crimen organizado no le tenga miedo al ministerio público. En un sistema de justicia penal funcional, deben de existir incentivos para que individuos decidan no delinquir: Podrían ser detenidos, investigados, procesados, enjuiciados, encarcelados y condenados a vivir en un penal por muchos años. Pero si hay pocas probabilidades que enfrenten una investigación o un juicio ¿cómo se ejerce suficiente presión para “incentivar” a no delinquir? Ante la debilidad institucional del Estado -en este caso los ministerios públicos- para controlar organizaciones violentas, que actúan con frecuencia como terroristas, la terrible opción es una “guerra sucia”: En lugar de someter, investigar, enjuiciar a los violentos, el Estado los “neutraliza” -los mata y los desaparece.

Este es otro de los retos de la fiscal: Intentar rescatar el estado de Derecho.