Surrealismo mexicano: Obsequiarle un nuevo negocio a la delincuencia organizada

Eduardo Ruiz-Healy

La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas que criminalizan la venta y la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Ahora, vender estos dispositivos podrá costarle a un ciudadano hasta casi 10 años de cárcel. Presentar esto sólo como una política de salud pública es ignorar el origen de la prohibición.

Las políticas de Estado suelen presumirse como técnicas o ideológicas. La guerra contra el vapeo es distinta: Una ley desproporcionada que no nació en la Secretaría de Salud, sino en una crisis doméstica en Palacio Nacional. Expedientes militares filtrados por el colectivo Guacamaya muestran que, a finales de 2021, Jesús Ernesto, el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, fue internado de urgencia por neumonitis en un hospital militar. Los médicos hablaron de “intoxicación por inhalación” asociada al uso de vapeadores.

Poco después del susto familiar y de la difusión de un video en el que Jesús Ernesto aparece vapeando en un palco del Estadio Azteca, la postura de AMLO se radicalizó. La instrucción dejó de ser “regulemos” para convertirse en “aniquilemos”. El aldeano dejó de ver un tema regulatorio y vio el “veneno” que había enviado a su hijo al hospital. El primer intento de prohibición fue el decreto presidencial de 2022 que, en los hechos, prohibía la comercialización de vapeadores.

La Suprema Corte lo tiró por violar el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de comercio, y por la incongruencia de prohibir la venta de vapeadores mientras se permite la de cigarros convencionales. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en el tema y propuso cambiar la ley: Las reformas recién aprobadas prevén penas de hasta ocho o nueve años de prisión para quien venda o distribuya estos dispositivos, mientras que el consumo individual se mantiene despenalizado.

En la práctica, el usuario de vapeadores no irá a la cárcel, pero no podrá adquirir el producto legalmente. El vendedor del dispositivo queda en una categoría criminal cercana a la de narcotraficante y a la delincuencia organizada se le obsequia una nueva línea de negocio. El golpe también ignora la evidencia científica. El cigarrillo tradicional funciona por combustión, produce alquitrán y monóxido de carbono y es una de las principales causas de cáncer de pulmón. El vapeador calienta un líquido, sin combustión ni alquitrán, y organismos especializados lo consideran menos dañino que fumar.

En una muestra de surrealismo, en México se hizo lo contrario de lo que recomiendan esos estudios: Se blindó al tabaco y se demonizó la alternativa tecnológica. Durante años, el aldeano de Palenque repitió el lema “prohibido prohibir” y la 4T celebró la libertad de consumir mariguana, mientras impulsaba un puritanismo de hierro contra el vapeo. Movido por el enojo de un padre, el partido en el poder terminó regalándole al crimen organizado el monopolio de un mercado que no desaparecerá por decreto. Desafortunadamente, la presidenta Sheinbaum y Morena decidieron mantener una herencia emocional disfrazada de política de salud y prohibir la venta de un producto que, en la clandestinidad, puede volverse más peligroso de lo que fue aquella noche en el hospital.

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