Los retos de la fiscal

Desde hace décadas las reformas a la justicia penal en Latinoamérica tenían como objetivo reducir la impunidad, proteger la integridad física de la población, al mismo tiempo proteger los derechos e impartir justicia. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en estas reformas observamos como el debate giraba alrededor de la importancia de asegurar recursos, capacitación y sobre todo la selección de profesionistas que no sean corruptos y con capacidad. El éxito democrático de las reformas dependía en gran parte de asegurar la independencia judicial y del Ministerio Público.

En este último rubro sabemos que México ha fracasado: La elección de jueces y el proceso de selección del fiscal general de la República no garantizó esta anhelada independencia. Pero a diferencia de lo señalado por muchos analistas, el reto más difícil que enfrentará la nueva fiscal, Ernestina Godoy, no tiene nada que ver con la “independencia” de la Fiscalía de la Presidencia. En la entrega de la semana pasada en este espacio comenté que la independencia del Ministerio Público es una leyenda jurídica. En papel se ve muy bonito, en la realidad depende de la voluntad del Ejecutivo.

Sin importar lo que dice la Constitución, la experiencia y la historia nos señala que esta “independencia” lo define la o el presidente y hasta cierto punto una rama judicial independiente.

Voy a ser mas claridosa: La independencia del MP depende de la voluntad política del Ejecutivo y si hay costos políticos nacionales e internacionales de no permitir que la Fiscalía ejerza sus funciones en una forma independiente en base al estado de derecho y el respeto a la constitución. También depende que la rama judicial y legislativa tengan independencia del Ejecutivo.

Algo que no sucede en México.

Un país donde la Fiscalía ha podido enjuiciar presidentes, ministros, legisladores y funcionarios del más alto nivel es Colombia.

La comparación entre Gustavo de Greiff, el primer fiscal general en Colombia y Alejandro Gertz Manero, primer fiscal en México, revela cómo esta figura se ha convertido en un terreno de disputa entre la independencia institucional, el control político y la eficacia de las instituciones para enfrentar organizaciones altamente violentas. De Greiff, primer fiscal general colombiano tras la Constitución de 1991, encarnó un intento genuino de autonomía: Defendió posturas propias y polémicas, como la necesidad de replantear la política antidrogas, incluso frente a la presión de Estados Unidos, lo que lo convirtió en símbolo de un poder judicial que buscaba emanciparse del Ejecutivo, pero chocaba con el Ejecutivo y dificultades de coordinación en políticas de seguridad y justicia.

También hubo cuestionamientos de la capacidad de gestión y de implementar una institución poderosa que no tuviera suficiente contrapeso político, lo que podía derivar en decisiones sin responsabilidad frente a la ciudadanía. No hay que subestimar las presiones internacionales: Al igual que México, en Colombia la relación con Estados Unidos estaba enfocado alrededor de temas de seguridad. También hubo acusaciones de negociaciones con individuos y cárteles de drogas, ya sea por corrupción o convencimiento, que contravenía los intereses del Estado colombiano.

Pero fue el siguiente fiscal de la Nación, Alfonso Valdivieso, que impulso las investigaciones del Proceso 8.000, que buscaban esclarecer la entrada de dineros del cártel de Cali en la campaña presidencial del que eventualmente sería presidente Ernesto Samper e incluyó enjuiciamiento y condena del ministro de Defensa civil Fernando Botero Zea por enriquecimiento ilícito y peculado. Valdivieso se convirtió en símbolo de independencia judicial apoyado, en parte por el Gobierno de los Estados Unidos. Años después se modificó de nuevo la Constitución, se modificó el esquema de autogobierno judicial y ajustó la relación entre Fiscalía y Ejecutivo. El nombramiento del fiscal sería mediante una terna del presidente y Senado elige al fiscal, lo que lo vincula más directamente con la política nacional. Con esto se buscaba reforzar la coordinación institucional, asegurar que la Fiscalía no se convierta en un “poder paralelo” y mantener un grado de control político sobre un órgano con enorme capacidad de influencia.

Pero mantuvo la Fiscalía su independencia ya que investigaron más de 130 congresistas y ex congresistas colombianos por sus vínculos con grupos paramilitares. De ellos, alrededor de 44 legisladores en ejercicio (2006-2010) fueron detenidos o procesados, y cerca de 60 terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia por delitos como concierto para delinquir y vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y obviamente esta la investigación y condena del ex presidente Álvaro Uribe, caso que continua en procesos de apelación.

Esto sería inimaginable en la Procuraduría y Fiscalía mexicana.

En la entrega siguiente hablaremos de lecciones aprendidas en Colombia, Estados Unidos- especialmente en el “Mundo según Trump”.