El reto: Construir una supercomputadora que la burocracia no destruya

Eduardo Ruiz-Healy

México está por dar un salto tecnológico que no había intentado en décadas: Construir una supercomputadora nacional. Para lograrlo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer un convenio con el Barcelona Supercomputing Center (BSC), que opera una de las computadoras más potentes del mundo, el MareNostrum 5, para desarrollar lo que el propio Gobierno describe como la supercomputadora más grande de América Latina.

Una supercomputadora no es una computadora grande, sino miles de computadoras trabajando juntas como si fueran una sola. Hace en segundos lo que cualquier computadora tardaría semanas. Permite anticipar huracanes, modelar sequías, analizar millones de datos fiscales, estudiar enfermedades, interpretar imágenes satelitales del campo y entrenar inteligencia artificial a una escala que México nunca ha tenido.

La supercomputadora mexicana entraría en operación en 2026 y serviría para fortalecer al SAT, mejorar la predicción del clima, apoyar al campo, impulsar la investigación científica y desarrollar IA aplicada a los servicios públicos. También servirá para actuar contra la delincuencia organizada. Su capacidad de cómputo permitirá cruzar información fiscal, financiera, territorial y de movilidad criminal en segundos: detectar empresas fachada, mapear rutas delictivas, analizar videos de vigilancia, identificar patrones invisibles para un analista humano y anticipar focos de violencia mediante modelos predictivos. No resolverá por sí sola el problema de seguridad, pero dotará al gobierno de una capacidad de inteligencia que hoy no tiene.

La UNAM, la Universidad de Sonora y otras instituciones formarán parte de un “ecosistema de cómputo” que conectará la supercomputadora con universidades de todo el País.

Aunque el Gobierno no ha publicado sus especificaciones, el anuncio de que será la más potente de Latinoamérica implica superar a Brasil y Chile. Probablemente será de entre 20 y 30 petaflops, capaz de realizar entre 20 y 30 mil billones de operaciones por segundo. Su potencia se dará a conocer próximamente junto con la empresa encargada de ensamblarla y mantenerla.

Su costo estimado, comparando proyectos similares, será de entre 3.000 y 4.500 millones de pesos, más 300 a 375 millones al año para operarla. En cinco años implica entre 4.500 y 6.500 millones de pesos. Es menos del 2% del Tren Maya y comparable al costo de dos o tres hospitales grandes. Por su impacto potencial, no es una inversión alta.

Requerirá voltaje estable, líneas dedicadas, subestación propia y sistemas de respaldo. La Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla o Mérida pueden alojarla sin mayores problemas porque cuentan con la infraestructura eléctrica necesaria para sostenerla sin apagones ni fallos. Lo razonable es construir la infraestructura eléctrica junto con el edificio, como se hace en Europa.

Si el proyecto se ejecuta bien, México podrá producir modelos propios del clima, del agua, del campo, de los riesgos fiscales y del comportamiento criminal. Pero si el Gobierno falla -si hay recortes presupuestales, retrasos, politiquería, improvisación o burocracia- esta supercomputadora terminará como tantas promesas tecnológicas: Una idea brillante convertida en un desperdicio.

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Eduardo Ruiz-Healy

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