Una, otra y más veces misiles sobre lanchas

CRITERIO

El 2 de septiembre pasado ocurrió el primer ataque militar aéreo sobre una embarcación que presuntamente traficaba droga de Sudamérica a los Estados Unidos, llevándose la vida de sus once ocupantes.

Un mes después, el 3 de octubre, sucedió otro hecho similar cobrando la vida de cuatro personas lo que desató aún más inquietud y cuestionamientos al Gobierno estadounidense señalándolo de atacar mortalmente sin exhibir pruebas concretas sobre los motivos, las víctimas y más condiciones.

Al día siguiente, impactado por la recurrencia de esas acciones, publiqué en este espacio una columna de opinión sobre el tema.

Hoy los ataques de igual forma y mismos lugares -el mar Caribe y el Pacífico sudamericano- se han multiplicado por diez: Hoy suman 20 y el total de víctimas mortales asciende a 80, todo esto a pesar de un incremento paralelo en las observaciones y extrañamientos que por parte de muchos medios, varios gobiernos y organismos internacionales -incluyendo la ONU- se han venido sucediendo.

El Gobierno de los Estados Unidos no ha ofrecido detalles acerca de esos ataques, de hecho no se ha informado oficialmente cómo y con qué tipo de armas y municiones se han efectuado los fatales hundimientos. Se muestran solamente fotografías y videos “desclasificados” de los momentos de la destrucción de las embarcaciones.

CNN ha dicho que de acuerdo con expresiones de personas conocedoras del asunto, muy probablemente se trata de ataques con drones MQ-9-Reaper manejados por operación remota por la armada y que lanzan misiles tipo Hellfire; también se ha señalado que en algunos casos puede tratarse de aviones de ataque AC-130J y aviones de combate.

Es ésta una información menos relevante pero lo central es que aún permanecen en secreto muchos datos de toda esta operación.

Lo que más preocupa es la reiterada insistencia de continuar con este tipo de ataques siendo que esto no es una condición de guerra ni se sabe realmente a quiénes se está matando.

El Gobierno de Colombia ha dicho que uno de los abatidos ha sido un pescador de escasos recursos -Alejandro Carranza, de 42 años- que se habría visto empujado “intermitentemente” a colaborar con el narco colombiano para allegarse recursos y poder sacar adelante a su familia; a este respecto, un corresponsal del Times para Latinoamérica -Simón Romero- visitó el poblado y la familia del victimado siendo informado por la concubina de Carranza que Simón “nunca colaboró en el contrabando de drogas, y si él hubiese sido un narcoterrorista, ni yo ni los tres hijos de ambos estaríamos en la miseria”.

Desde luego que esto no convierte en honestas labores que de suyo inicuas, pero tampoco por ser inicuas merecen la muerte nomás así.

El aspecto central de orden ético, moral y legal en este tema radica en que, no tratándose realmente de un estado de guerra y no habiendo nunca por parte de los presuntos narcotraficantes una amenaza inminente e inmediata de muerte, los ataques necesariamente mortales de las fueras militares estadounidenses no se pueden justificar y menos aún si no hay certeza ni siquiera de quiénes van en esos botes, qué grado de responsabilidad tienen y por supuesto sin la menor oportunidad de un juicio justo.

Y es que si vamos a acostumbrarnos a vivir en un entorno en el que todo puede justificarse por el nombre o la manera de llamarlo y no por su contenido real, sin duda nos encaminaremos a más engaño, más mentira, más cinismo... si ya de por sí....

La verdad es que nada desconocido es que la mayoría de los gobiernos están dispuestos a cambiar los nombres de sus actos y acciones para hacerlos ver justificables, de manera que un operativo con delincuentes lo llamen “guerra” cuando así conviene, un cártel de pillos se defina como un “ejército”.

Y a propósito, lo mismo para otro tipo de acciones, por ejemplo en algunos sitios para acomodar una designación más suave al acto de matar a una persona que aún vive en el seno materno se le llama “interrupción legal del embarazo” o al acto para terminar “médicamente” con la vida de una persona por ser un demente incurable se le llame “muerte digna” en la letra de la ley, y así un indebido y largo etcétera.