Ingobernabilidad ante el Mundial

ANA MARÍA SALAZAR

La masacre ocurrida en las favelas en Río de Janeiro, donde han muerto más de 130 personas, es un recordatorio de las dificultades que enfrentan gobiernos democráticamente electos, que en teoría deberían de tener un arsenal de opciones antes de usar la violencia. Pero la realidad es que probablemente la COP30 que se celebrará en Belém, en la Amazonía, tenía la atención internacional con la llegada de miles de delegados internacionales, jefes de Estado y prensa mundial enfocado en Río de donde se concentran delegaciones, vuelos internacionales y eventos paralelos.

Este tipo de operaciones profundiza la desconfianza entre el Estado y sectores que ya vivían una relación fracturada con las instituciones. La respuesta internacional -llamados a investigar por parte de organismos de derechos humanos y preocupaciones expresadas por la ONU- no es sólo retórica diplomática; anuncia potenciales consecuencias jurídicas y reputacionales que podrían traducirse en sanciones, investigaciones internacionales y pérdida de legitimidad política doméstica.

Para México, el episodio debe leerse como una advertencia. En menos de un año del Mundial de la FIFA y con un clima social tenso, la eventual intensificación de protestas y la explotación política de la inseguridad por parte de actores estatales y no estatales aumentan el riesgo de episodios de extrema violencia y protestas. La presidenta (Claudia Sheinbaum) deberá evitar caer en la tentación de respuestas, a corto plazo, puedan exhibir resultados simbólicos para sobrellevar la atención internacional a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo erosiona la cohesión social y la confianza institucional.

Este paralelismo puede servirle para advertir sobre los riesgos que enfrentará México en el próximo año, cuando la presión de protestas sociales y crimen organizado coincida con la atención internacional por el Mundial de la FIFA.

Hay que recordar que, en la antesala de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, el país fue sacudido por un vigoroso movimiento estudiantil que exigía libertades democráticas, el fin de la represión y mayor apertura política. Jóvenes del IPN y la UNAM, junto con profesores, obreros y sectores populares, organizaron marchas y paros que se extendieron por todo el país. El Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz respondió con creciente violencia: Primero con granaderos y luego con el Ejército, que ocupó planteles universitarios y reprimió manifestaciones. La tensión alcanzó su clímax el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde fuerzas militares y el Batallón Olimpia abrieron fuego contra miles de estudiantes y civiles reunidos en un mitin, dejando un número de muertos aún incierto -se habla de decenas a centenares- además de cientos de heridos y detenidos.

Obviamente la Presidenta busca evitar que se vincule su Gobierno con episodios de extrema violencia. Pero esto no justifica que el 2 de octubre pasado, durante la marcha del aniversario de la masacre del 2 de octubre, simple y llanamente se dejará que los violentos enviaran al hospital a casi 100 policías.

Y el problema es que los violentos ya le tomaron la medida al Gobierno de México: Estrategia de manos caídas.

Protestar en la antesala del Mundial de Futbol, no sólo es de esperarse, el Gobierno de México debe de anticipar, identificar cuales serán seguramente los actores y organizaciones que estarían más dispuestos de usar violencia ya sea para balconear al Gobierno mexicanos, o para obtener concesiones y reconocimientos de sus demandas, como las organizaciones y movimientos que los gobiernos de la 4T ha ignorado por razones políticas: Colectivos de mujeres, familiares de los desaparecidos, pacientes y sus familiares que exigen servicios médicos, comunidades amenazadas y extorsionada por el crimen organizado, comunidades no atendidas y víctimas de desastres naturales, sectores industriales afectados por la estrategia comercial de Estados Unidos y ignorados por el Gobierno. Estos grupos tomaran carreteras, o vías principales, además de aeropuertos u otras infraestructuras críticas en zonas urbanas como la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Pero hay otro grupo de actores violentos o criminales que seguramente aprovecharán para ejercer presión extrema para obtener concesiones y recursos. En esta categoría estarían la CNTE, el Bloque Negro, cárteles y organizaciones criminales, que ahora Estados Unidos considera terroristas. Seguramente usarán violencia con el objetivo de extorsionar al Gobierno de México; Saben que la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo rehúsa usar la fuerza.

Por eso es fundamental tener una estrategia que incluye extraordinaria inteligencia y negociadores.

La verdadera prueba de cualquier Gobierno es garantizar seguridad y gobernabilidad, no sólo durante el Mundial, sino con un proyecto permanente de pacificación del País.