El precio del AIFA: Sanciones desde Washington

El 15 de septiembre pasado el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ordenó poner fin a la alianza entre Delta y Aeroméxico, vigente desde 2017. Ayer revocó la aprobación de trece rutas proyectadas -once desde el AIFA y dos desde el AICM- que aerolíneas mexicanas planeaban operar hacia EEUU. Las medidas son una respuesta directa a una decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2023, cuando prohibió los vuelos de carga en el AICM y canceló slots a aerolíneas estadounidenses para “reducir la saturación y mejorar la seguridad operacional del aeropuerto”, aunque en realidad buscaba obligarlas a usar el AIFA.

Estados Unidos calificó esa medida como una violación al Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015 y una distorsión del mercado. En México se presentó como una acción de “ordenamiento aeroportuario”. La diferencia no es semántica: Refleja dos visiones opuestas sobre el papel del Estado en la economía. Para Washington la intervención política en la operación aérea constituye una práctica desleal; para López Obrador fue una forma de fortalecer uno de sus proyectos emblemáticos a costa de lo que fuera.

El golpe llega justo cuando el turismo mexicano atraviesa su mejor momento. Según una nota publicada el martes en el portal especializado travelandtourworld. com, entre enero y agosto el País recibió 63.7 millones de visitantes internacionales, 13.7% más que en 2024, con ingresos por 23,934 millones de dólares, sólo 6.5% más que el año anterior. En otras palabras, cada visitante dejó menos dinero que antes, lo que significa que México atrae más turistas pero de menor gasto promedio. Ahora enfrenta la posibilidad de perder conectividad con su principal fuente de visitantes: EEUU.

Siete de cada 10 turistas extranjeros vienen de ese país y casi dos de Canadá. Si las sanciones se mantienen o se amplían la reducción de rutas limitará la capacidad de crecimiento de la industria turística en 2026.

El Gobierno mexicano sin embargo no acepta los argumentos del DOT y la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente las decisiones adoptadas por López Obrador, insistiendo en que el cierre a la carga en el AICM respondió a razones de seguridad aérea y no a motivaciones políticas o comerciales. En Washington esa explicación se considera insuficiente. El conflicto se mantiene abierto y amenaza con escalar si México no rectifica las restricciones impuestas durante el sexenio anterior.

El problema va más allá de la aviación. Si el diferendo se prolonga México podría enfrentar revisiones adicionales en materia de competencia, certificaciones técnicas e inspecciones sanitarias que afecten otros sectores del comercio bilateral. Para Trump cada medida punitiva refuerza su discurso de America First; para México implica volver a negociar desde una posición de debilidad, justo cuando el País presume estabilidad económica y récords turísticos.

El turismo, que debería ser motor de desarrollo, se ha convertido en rehén de las decisiones políticas de López Obrador tomadas sin visión estratégica. La bonanza de 2025 podría marcar el techo, no el inicio de una nueva etapa. Porque en materia aérea, como en casi todo lo que depende de EEUU, basta un decreto de Washington para que México sufra las consecuencias.