El impuesto invisible que pagan todos los mexicanos

Eduardo Ruiz-Healy

El Economista publicó ayer una nota que debería preocuparnos a todos: el contrabando de cigarros alcanzó niveles históricos y ya representa casi un tercio del mercado nacional. Los decomisos más recientes revelan que miles de cajetillas ilegales entran cada semana al país, evadiendo el pago del IEPS y el IVA. Detrás de esas cifras hay una sangría fiscal silenciosa: según un estudio del IPN, el 28% de los cigarros que se venden son ilegales, lo que representa pérdidas fiscales de hasta 26 700 millones de pesos al año. Otras fuentes, como la industria tabacalera y el Colegio de México, hablan de unos 13 500 millones, pero cualquiera de las dos cifras retrata un problema mayúsculo: la evasión de impuestos por tabaco cuesta al Estado más que todo el presupuesto anual de la Secretaría de Cultura.

Y eso es sólo una parte del agujero. Estudios recientes del SAT, de PetroIntelligence y de la Concamin indican que el contrabando y la subvaluación en su conjunto le cuestan al fisco entre 200 000 y 220 000 millones de pesos anuales, equivalentes al 2.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. De esa cifra, el huachicol fiscal, es decir, la importación irregular o simulada de combustibles, representa 177 000 millones; los cigarros aportan hasta 27 000 millones y el resto -textiles, calzado, electrónicos, bebidas, autopartes y medicamentos- otros 15 000 a 20 000 millones. Estas cifras son estimaciones económicas basadas en estudios especializados, derivadas de impuestos no recaudados, estimadas a partir del consumo, las importaciones y los precios efectivos de mercado.

Con esos recursos se podrían construir 400 000 viviendas de interés social, modernizar 35 000 kilómetros de carreteras, duplicar el presupuesto de la Guardia Nacional por tres años o abastecer de medicamentos al sistema público durante cinco años. En otras palabras, lo que se pierde por contrabando nunca llega al erario y termina financiando a redes criminales, intermediarios corruptos y comerciantes que compiten deslealmente con los que sí pagan impuestos.

El Congreso acaba de aprobar la nueva Ley Aduanera, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como la solución a una sangría de recursos que otros gobiernos prefirieron ignorar. La ley introduce sanciones más severas, limita la vigencia de las patentes de los agentes aduanales, crea un Consejo Aduanero con facultades de supervisión y exige mayor trazabilidad digital de las mercancías. También eleva las multas por importaciones ilegales hasta 300% del valor de los bienes. El cambio luce prometedor, pero ya hemos visto reformas igual de estrictas naufragar en la burocracia.

Pero las leyes, en México, suelen naufragar en la práctica. El éxito dependerá de si la Marina, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) logran operar de manera coordinada, si se limpian las aduanas corruptas y si se establecen controles tecnológicos reales, no simulaciones burocráticas. De lo contrario, el contrabando continuará entrando por puertos marítimos, aeropuertos y fronteras del norte y del sur, las bodegas ilegales del Centro Histórico y de todo el país seguirán llenas, y los mexicanos honestos continuaremos pagando los costos de un contrabando que no es inevitable, pero sí muy rentable para quienes lo permiten.

Eduardo Ruiz-Healy

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