Adán Augusto, su paz pactada y su fortuna incómoda

Eduardo Ruiz-Healy

El senador y ex gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López, asegura que durante su gestión la violencia disminuyó. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2019 y septiembre de 2021 los homicidios dolosos pasaron de 633 a 424 víctimas anuales, mientras que la incidencia total de delitos bajó de más de 52 mil a unos 43 mil casos. También descendieron los delitos de alto impacto como secuestro, robo de vehículo, extorsión y robo a negocio. Este discurso le permitió proyectarse como un gobernante eficaz y reforzar su imagen política dentro de Morena.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y fuentes judiciales, incluyendo testimonios protegidos y reportes de la Fiscalía General de la República, documentaron que esta “paz” se sostuvo mediante pactos con el crimen organizado, operados por el entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez. Estas fuentes señalan que Bermúdez, por encargo de López, negoció con líderes de “La Barredora” y otras células criminales para contener disputas y reducir la violencia visible a cambio de tolerancia en otras actividades, sobre todo durante la campaña de 2018. Un testigo relató ante la FGR que la recompensa fue nombrar a Bermúdez secretario tras asegurar la calma electoral. El actual gobernador Javier May ha dicho que en su administración “no se encubre ni se pacta con nadie” y que la verdad, por dura que sea, debe conocerse.

Carlos Merino, sucesor interino de López, mantuvo a Bermúdez, pero la ruptura de acuerdos, las investigaciones federales y las pugnas criminales provocaron un repunte de delitos desde 2022. Los homicidios, secuestros y robos crecieron tras la caída de ese frágil equilibrio, lo que refuerza la idea de que la calma tabasqueña fue artificial y dependiente de concesiones.

A esta sombra se suman los escándalos sobre el patrimonio de López. Ahora se sabe que omitió declarar ingresos por 79 millones de pesos en transferencias ligadas a empresas cuestionadas. Él lo atribuye a herencias, venta de ganado, rentas e ingresos notariales, pero el monto genera sospechas de evasión fiscal y posible lavado de dinero. La contradicción entre su perfil de millonario y su discurso de político de izquierda, tras años de militancia en el PRI, lo vuelve vulnerable. Mientras acusa a la “derecha conservadora”, resulta difícil conciliar su fortuna con la imagen de defensor de los pobres y de la austeridad republicana.

Que Adán Augusto esté señalado por pactos con criminales plantea dudas sobre su integridad. Pactar puede bajar delitos temporalmente, pero significa ceder territorio y normalizar la complicidad en vez de combatir la delincuencia. Esa visión pragmática privilegia la estabilidad inmediata sobre el estado de Derecho y deja instituciones debilitadas.

En suma, el caso Tabasco y las imputaciones contra López muestran el costo de sacrificar la integridad institucional por logros inmediatos. A ello se agregan las dudas sobre su patrimonio e identidad política. Aunque él rechaza los señalamientos, el debate nacional confirma que la ética y el carácter de los líderes quedan en entredicho cuando hay indicios de pactos criminales y fortunas que contradicen un supuesto compromiso de izquierda.

Eduardo Ruiz-Healy

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