Surgen nuevos nombres
Por el derecho a la libertad de expresión

No estoy de acuerdo con los adjetivos calificativos que los partidos de oposición le endilgan a Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, tratando de minar su prestigio. Creo, por lo contrario, que está haciendo su mejor esfuerzo para aprehender a los grandes líderes del crimen organizado en el país. De ellos, ha entregado a varios a los Estados Unidos, y siguen tendiendo las redes para atrapar más. Acaba de salir otra lista de USA donde aparece, entre otros, la diputada federal de Morena -por Tijuana, Rosarito y Tecate- Irma Araceli Brown Figueredo, señalada por actividades ilícitas. Por lo pronto sus cuentas bancarias ya están bloqueadas, veremos que sigue. En ese sentido, seguirán apareciendo nombres de políticos en el poder o que ya terminaron sus gestiones. Algunos ya han de estar cambiando sus cuentas bancarias. Con esto se muestra y demuestra la intención de hacer las cosas diferentes a cómo las trabajó López Obrador. Sin embargo, esa tarea de aprehender capos debería ajustarse con otras medidas que hagan mermar al consumo de enervantes. Y aquí es donde el problema de la producción, venta y distribución de las drogas ilegales hace agua. Se les puede anegar el barco por no detener la distribución y consumo en las calles. Estas deberían ser las funciones de las corporaciones policíacas de las ciudades.
La conducta de Claudia Sheinbaum está siendo impecable, pero también debería ser implacable, con los funcionarios de gobierno coludidos con el crimen organizado. La información de los organismos especializados en inteligencia (espionaje) del país, debería ser utilizada para disminuir la participación de los vendedores de drogas, en las ciudades y pueblos del país. Se deben seguir los pasos a los policías y a todos los funcionarios públicos, para ver en cuánto se ha incrementado su capacidad de compra, qué bienes materiales tienen, y en general, todo el consumo extraordinario que han hecho. Ya basta de tanta corrupción.
La presidenta debe continuar realizando capturas de capos importantes del crimen organizado, para que el ciudadano común y corriente se de cuenta, de que la pesadilla de abrazos y no balazos, ya terminó. Que el maridaje que existió en la anterior administración con el crimen organizado se va a disolver. No va a ser posible que tengamos cero incidentes de producción, distribución y consumo de drogas, pero, si al menos se logra disminuir y controlar la violencia y la delincuencia, incrementando sustancialmente la aplicación de la justicia, tendremos otro país.
La lucha contra la delincuencia debe de ser en todos los ámbitos de la vida en el país. López Obrador también prometió luchar contra la corrupción y lo único que hizo fue auparla. En muchísimas ciudades y pueblos de México, los ciudadanos hemos denunciado de manera formal peculados, malversación de fondos, enriquecimientos ilícitos y otros delitos, pero los delincuentes en el poder no han sufrido consecuencias. Aún más grave, se les premia con nuevos puestos en los ayuntamientos o en el gobierno del estado.
Esos también nos hacen daño porque se pasean muy orondos por las calles, como si no hubieran hecho nada. La corrupción gubernamental, en los tres órdenes de gobierno, es grave y está enquistada hasta lo más profundo de las instituciones. Los puestos gubernamentales ganados en elecciones son un escalón para la siguiente posición. Todos los expresidentes municipales, los diputados, los síndicos procuradores, etcétera, deberían ser investigados, y sus fortunas comparadas con lo que tenían antes de ser electos. Allí sabríamos quién es quién. Tenemos el caso de César Moreno González de Castilla, expresidente de Tecate, que es dueño de gasolinerías y que, de seguro, adquiría el huachicol del barco confiscado en Ensenada. Si fue capaz de llenarse los bolsillos con los recursos financieros de nuestra ciudad, es capaz de cometer cualquier atraco. Vale.
*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.