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Marina y Defensa mordieron la manzana envenenada

¿Buscaba Andrés Manuel López Obrador debilitar las fuerzas armadas mexicanas como presidente de México?

Ana María Salazar

¿Buscaba Andrés Manuel López Obrador debilitar las fuerzas armadas mexicanas como presidente de México? No se sabe a ciencia cierta cuáles eran las intenciones, pero ciertamente el comandante supremo les ofreció una manzana envenenada al almirante secretario Rafael Ojeda y el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Seis años más tarde, las decisiones del ex presidente López Obrador han dejado a las fuerzas armadas en una crisis institucional sin precedente.

Los actuales secretarios de la Marina y la Defensa, al igual que la misma presidenta Claudia Sheinbaum, tienen que tomar la difícil decisión sin van a encubrir a sus predecesores, asumiendo la responsabilidad política y penal, o van a abrir las puertas a la investigación y persecuciones penales “caiga quien caiga.”

En el caso del general Ricardo García Trejo y el almirante Raymundo Pérez Morales, la crisis es aún más profunda: Ante la eventualidad de que personajes cercanos al mismo López Obrador estén vinculados con actividades sin precedentes de corrupción ya sea por el desfalco histórico al erario debido al “huachicol fiscal” o la corrupción vinculada a la construcción del aeropuerto del AIFA, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Inclusive hay señalamientos en el caso del “huachicol fiscal” de posibles asesinatos. En este y otros casos han surgido acusaciones en contra de familiares cercanos al ex Presidente, el ex secretario de la Marina y otros familiares de individuos con rango dentro de las fuerzas armadas. Y las filtraciones más recientes es el inicio de un tsunami de acusaciones de actividades delictivas por actuales funcionarios e individuos en retiro.

Desde hace una década, la discusión sobre países democráticos empezó a girar alrededor del concepto de cómo la corrupción era no solo riesgo para las democracias, sino amenaza a la seguridad nacional-especialmente si la corrupción prevalecía dentro del aparato de seguridad nacional. El momento en que el presidente López Obrador ordenó la participación de las fuerzas armadas en actividades que tradicionalmente no son funciones de uniformados, además exigiendo la desaparición del INAI, ordenando que TODOS los contratos no se transparentaran, además promoviendo-exigiendo-la politización de las fuerzas armadas-ha resultado en actos de corrupción y criminalidad que podrían impactar generaciones de capitanes, coroneles, contralmirantes, generales y almirantes. Pero también abre la discusión sobre la gobernabilidad y la capacidad de las fuerzas armadas de enfrentar riesgos y amenazas en un momento en que ha incrementado el control territorial de las organizaciones criminales y la violencia y desapariciones en el País.

Y se puede argumentar que el objetivo de López Obrador en su momento era facilitar la construcción de sus estructuras emblemáticas reduciendo los costos y reduciendo los procesos que desaceleran la construcción, además de permitir que tomaran riendas de las aduanas, o de la seguridad pública, o control de aeropuertos, o construcción de carreteras, no incluyó los pesos y contrapesos que aseguraran que no se corrompieran.

Fue esto un error o fue una estrategia del ex presidente López Obrador de debilitar a las instituciones militares y facilitar el acceso a recursos para su Cuarta Transformación. Lo que sí sabemos es que les puso la manzana envenenada y mordieron el anzuelo.

Y la crisis para la Presidenta y los secretarios de la Defensa y la Marina va a incrementar, posiblemente empezando a afectar a la credibilidad de la mandataria y las fuerzas armadas. Y sabemos lo peligroso que puede ser para una democracia que dentro y fuera del País se cuestione la probidad y a capacidad de las fuerzas armadas ante los retos del 2026 (el mundial de la FIFA) y la guerra entre organizaciones criminales, las presiones de Estados Unidos, además de la desaceleración de la economía. En el caso del 2027 está el reto de las elecciones intermedias y elección judicial, además de la amenaza de la revocación del mandato. Serán probablemente los dos años más difíciles que enfrentará la naciente democracia y el legado de la primera Presidenta de México.

Y la Presidenta y los secretarios no pueden darse el lujo de hacer declaraciones y esperar que la crisis desaparezca. Al contrario, hay pasos inmediatos que se deberían de tomar, con soluciones a corto plazo, pero con implicaciones dolorosas para la Presidenta y sus fuerzas armadas: No esperar que se gobiernos extranjeros o medios de comunicación transparenten la información y la corrupción. Las fuerzas armadas pueden y deben de investigarse y balconear y sancionar la corrupción y la criminalidad interna. En la siguiente entrega más sugerencias, basadas en experiencias históricas. Pero es importante subrayar, esta crisis es un riesgo para la gobernabilidad del País.

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