El aumento de la extorsión

En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hubo un crecimiento del 57% del delito de la extorsión en comparación con el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según estadísticas oficiales.

Existe una relación directa entre el aumento de las extorsiones, y el crecimiento de las capacidades de los grupos del crimen organizado, que se traducen, entre otras cosas, en un mayor y más profundo control del territorio que dominan.

La estrategia de seguridad del Gobierno de López Obrador de “abrazos y no balazos” y no “uso de la fuerza pública, porque esto genera más violencia”, está a la base del crecimiento histórico de la extorsión en el País.

Entre 2018, y enero de 2025, en el cuarto mes del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), las extorsiones pasaron de 18.9 a 29.77 al día, que al mes son 893 y al año 10,717.2.

En la iniciativa de ley que el pasado julio, la Presidenta envió a la Comisión Permanente, y que esta turnó a la Cámara de Diputados, que recién inicia su periodo ordinario, reconoce el aumento exponencial de la extorsión, en el sexenio pasado y en lo que va de este.

Y asume que las acciones de prevención y combate a la extorsión han sido insuficientes en los tres órdenes de Gobierno, y que es necesario clasificar a este delito “no como una conducta menor”, sino como un crimen que afecta no sólo el patrimonio de las personas sino también su salud mental.

En el texto se dice que la extorsión es un delito que cometen los grupos del crimen organizado, para hacerse de recursos, que afectan no sólo a la víctima sino a la comunidad en diversos ámbitos como el comercio y la prestación de servicios.

La extorsión no sólo se da en el ámbito de las actividades económicas privadas, sino que también está presente en la función pública, donde presidentes municipales, para poner sólo un ejemplo, son obligados al pago de cuotas o entregar áreas de la administración al control de los grupos del crimen organizado.

Las cifras de extorsión que reconoce el Gobierno se construyen sólo a través de los casos denunciados que en 2022 fueron 10,343, en 2023, 10,337 y en 2024, 10,240, pero en la realidad el número es mucho mayor, y el problema todavía más grave de lo que se reconoce.

La iniciativa plantea la necesidad de proporcionar a los tres órdenes de Gobierno una legislación general que les permita tener una mayor capacidad de respuesta. Una mejor ley puede ayudar, pero no es la solución, esta radica en la voluntad política de realmente, con acciones, no con leyes y discursos, hacer frente a los grupos del crimen organizado, que se dejaron crecer, como nunca antes, en el pasado sexenio.

Rubén Aguilar Valenzuela

@RubenAguilar