Remesas desplomadas, evasión disparada, finanzas públicas precarias

“La evasión fiscal es inaceptable y vamos a acabar con las factureras”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del viernes pasado. La declaración no es menor porque coincide con un panorama complicado en el que las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos se han desplomado 5% en lo que va del año. La combinación de ambos hechos muestra la fragilidad de la economía mexicana y la urgencia de fortalecer las finanzas públicas.

En 2024 entraron al país 64,745 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia. Este año, por las políticas migratorias de EE.UU, el flujo cayó y ya faltan 3,237 millones de dólares. Miles de millones que no llegaron a las familias más pobres, las que dependen de ese dinero para comer, pagar la renta o mandar a los hijos a la escuela. Basta una decisión tomada al otro lado de la frontera por Donald Trump para golpear de lleno a millones de mexicanos que, sin protección interna, quedan a merced de factores externos que no controlan.

La evasión fiscal, mientras tanto, es un boquete aún mayor. En 2019 el SAT detectó 354,512 millones de pesos en evasión. Ese mismo año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estimó que entre 2014 y 2018 se habrían lavado 2 billones de pesos con facturas falsas.

En mayo de 2019, el entonces Procurador Fiscal de la Federación Carlos Romero Aranda estimó que la evasión alcanzaba 500,000 millones de pesos anuales. Si se toma como referencia ese rango y se proyecta para el periodo 2019-2024, la pérdida fiscal acumulada rondaría entre 2.9 y 3.0 billones de pesos, una cifra que muestra la magnitud del saqueo: un fraude masivo que erosiona al Estado y evidencia la incapacidad gubernamental para frenarlo.

La combinación de menos remesas y más evasión fiscal muestra la precariedad de las finanzas públicas. Si no llegan dólares del extranjero, el gobierno necesita recuperar los miles de millones que hoy se escapan por corrupción y complicidad. Esa es la lógica de la presidenta: o se combate a las factureras, o el país no tendrá más recursos para sostener programas sociales e infraestructura.

Lo que anunció la presidenta el viernes confirma que la fiscalización seguirá siendo una prioridad de su gobierno. No se trata solo de recaudar más, sino de blindar la soberanía financiera de México. Un país que depende de lo que envían sus migrantes y permite que empresas fantasma drenen medio billón de pesos anuales es un país débil. Claudia Sheinbaum apuesta a combatir la evasión, pero su apuesta es arriesgada porque enfrenta intereses poderosos que durante años se beneficiaron del desorden fiscal.

Aquí hay un detalle que no se puede olvidar: Andrés Manuel López Obrador también prometió acabar con las factureras y fracasó. Pese a sus discursos contra la corrupción, la evasión siguió costándole al país cientos de miles de millones de pesos cada año. El reto de la Presidenta no es anunciar lo que ya se anunció antes, sino lograr lo que su antecesor no pudo: Cerrar de verdad el boquete de 500,000 millones de pesos anuales que drenan las finanzas públicas. Si cumple, marcará una diferencia histórica; si no, su promesa se convertirá en otra más de una larga lista de compromisos incumplidos por sus antecesores en el cargo.

Eduardo Ruiz-Healy

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