Apoyarse de Trump para pacificar al País

Ana María Salazar

Con o sin el consentimiento del Gobierno de México, la Casa Blanca perseguirá aquellos individuos que considere una amenaza a su seguridad nacional. Con o sin el conocimiento del gabinete de seguridad, la Casa Blanca impondrá sanciones, congelarán cuentas bancarias y propiedades, revocar visas y abrir investigaciones penales en Estados Unidos. Sin compromisos ni promesas, el Departamento de Justicia continuará exprimiendo información de delincuentes extraditados o entregados por México, a cambio de una reducción de la pena. El mismo Departamento de Justicia tampoco se compromete a considerar los derechos de las víctimas mexicanas del crimen organizado, cuando se les concede reducción de la pena a tantos delincuentes que han violentado a la población o corrompido a las autoridades en el País.

Definitivamente ha cambiado la forma en que las autoridades mexicanas y estadounidenses han interactuado y cooperado en los temas de seguridad en los últimos 20 años. Cuando el Gobierno de México se sentía presionado por agencias estadounidenses, anunciaban la estrategia de la “Ventana Única” donde permitía al Ejecutivo tomar las riendas de la relación y cortar las interacciones directas entre agencias mexicanas y estadounidenses. Durante la administración del presidente López Obrador, se legisló a detalle cuál sería la interacción entre “agentes” extranjeros y funcionarios mexicanos -incluyendo sanciones penales para aquellos que no reportaran interacciones y acuerdos.

Y hay que reconocer que por lo menos la administración de Joe Biden, funcionarios estadounidenses respetaron las exigencias del gabinete de seguridad de López Obrador, por lo menos públicamente.

Ahora, parece que la “nueva estrategia” de la Casa Blanca es mucho menos interesada en la construcción de confianza para fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración para enfrentar los ahora identificados como “organizaciones terroristas”. Y claramente, no les importa lo que diga la Constitución y legislación mexicana. En lugar de exigir que México “pague por la construcción del muro”, como fue su posición hace ocho años, ahora Donald Trump exige, impone y somete sin importar el impacto político para Claudia Sheinbaum. Afortunadamente para la Presidenta y la misma gobernanza del País, ella sigue manteniendo niveles envidiables de popularidad que le ha permitido más flexibilidad política en la forma que enfrenta el embate no sólo de Trump, sino de las otras agencias estadounidenses.

Y aunque ha declarado que México no aceptará “imposiciones” o amenazas a la soberanía, en realidad ha tenido que enfrentar y tragar afrentas y ofensas constantes e innecesarias. El más reciente fue el comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA) anunciando un nuevo operativo con el Gobierno de México, denominado “Gatekeeper” (Portero), donde esta agencia presume la capacitación de funcionarios para identificar individuos que han facilitado el tráfico de estupefacientes por la frontera. Sheinbaum durante la conferencia mañanera cuestionó las intenciones de la DEA con su comunicado donde aseguran que el operativo conjunto fue palomeado por el Gobierno de México.

“¿Qué interés tiene la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás”, aseguró la Presidenta, recordando que no llegaría a un acuerdo con la DEA, ya que se estaba negociando un acuerdo global entre ambos países, en materia de seguridad, que incluiría otras agencias.

Tal vez demostrar que los Estados Unidos hará lo que se les “ronque” la gana: Con o sin permiso.

Entendiendo que esa es la realidad, la Presidenta debería considerar usar esa presión como una herramienta para someter a las organizaciones que tanto daño le hacen al País. Usar el garrote de Trump para exigir a los líderes de las organizaciones más violentas del País que tienen que detener inmediatamente esta guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa, el CJNG, y todas las organizaciones que ha identificado los estadounidenses como terroristas y que continúan extorsionando a la población. De lo contrario, el Gobierno de México, apoyado (o presionado) por agencias estadounidenses, tomará los pasos necesarios para detener los líderes de los cárteles, y ponerlos en el siguiente avión rumbo a los Estados Unidos. Esto no sólo aplicará a los líderes de los cárteles, sino lugartenientes, funcionario, políticos y empresarios que se han beneficiado y simpatizado con organizaciones criminales. Esta amenaza sería un mensaje para la clase política de todos los niveles.

Con esta “ayudadita” del vecino, exigir un “cese al fuego” inmediato permitiría al Gobierno de México retomar control territorial y pacificar al País lo suficiente para asegurar el Mundial del Futbol el año entrante y las elecciones intermedias el 2027.