Aranceles como arma política

Durante la visita del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden a México, en septiembre 2016, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de la oposición. Esto probablemente incomodó al presidente Enrique Peña Nieto, pero era costumbre de los políticos demócratas estadounidenses reunirse también con la oposición para fortalecer la democracia. Así, la política exterior de Estados Unidos incluía el apoyo a la sociedad civil, la libertad de prensa y el estado de Derecho, bajo la premisa de que un vecino democrático y estable era clave para la seguridad nacional y el desarrollo de la región.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) surgió como un mecanismo para unir a Estados Unidos, México y Canadá bajo el libre comercio, funcionando como una especie de “cobija” que cubría diferencias políticas y sociales. Sin embargo, cuando una parte buscaba beneficiarse en exceso y jalaba “la cobija” a su favor, las tensiones y desigualdades salían a flote. Así, los acuerdos comerciales, al igual que una cobija, protegían a los países firmantes de conflictos, volviéndose instrumentos de pacificación entre naciones que antes habían sido rivales o incluso enemigos.

Un ejemplo evidente de esto es la Unión Europea, que, tras siglos de guerras, logró unir regiones con idiomas, culturas e historias distintas, haciendo hoy impensable una guerra entre Alemania y el Reino Unido, o entre Japón y Estados Unidos. La expectativa de crecimiento y bienestar que prometía la globalización, junto con los acuerdos comerciales, incentivaba a los países a fortalecer el estado de Derecho, la igualdad, la reducción de la corrupción y la defensa de la libertad de expresión.

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Informe de la Guardia Nacional

No obstante, en tiempos recientes, los aranceles han dejado de ser simples herramientas de política comercial para convertirse en armas políticas y de seguridad nacional. La administración de Donald Trump utilizó los aranceles para presionar a otros gobiernos, buscando cambios en sus políticas internas. Ejemplos claros son los aranceles impuestos a México para modificar su estrategia de seguridad, o a Canadá, como respuesta a agravios políticos percibidos.

El caso de Brasil resulta especialmente ilustrativo: La Casa Blanca impuso aranceles del 50% a productos brasileños, justificando la medida como respuesta a las acciones del Gobierno de Lula da Silva, consideradas una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Así, los aranceles dejan de ser sólo temas económicos y se convierten en herramientas para intervenir en la política interna de otros países, promoviendo cambios de régimen o fortaleciendo gobiernos afines a los intereses de la administración en turno.

Esta tendencia plantea enormes retos a las autoridades mexicanas: ¿Cómo negociar acuerdos que protejan los intereses nacionales frente a una Casa Blanca que usa los aranceles como arma política? Cuando países no democráticos o antagónicos a Occidente se integraron al libre comercio, también quedaron vulnerables a estas herramientas de sanción. El sistema de sanciones y aranceles, aunque su efectividad para cambiar comportamientos estatales es debatida, ha demostrado ser doloroso para los gobiernos sancionados, como Cuba, Venezuela, Rusia o Irán. Por ejemplo, recientemente Donald Trump amenazó con imponer más sanciones a Vladimir Putin para presionarlo a negociar un cese al fuego con Ucrania.

El 2 de abril de este año marcó un giro en la política comercial estadounidense. La globalización, promovida durante décadas como instrumento de seguridad y expansión de ideales democráticos, dio paso a una guerra comercial donde los aranceles se presentan como mecanismos para fortalecer la industria doméstica y abrir mercados a productos estadounidenses. Pero el cambio más notable es el uso de los aranceles para alcanzar fines políticos y personales de la administración Trump.

Este contexto ayuda a entender por qué Estados Unidos ha impuesto aranceles a México, buscando forzar un cambio en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuadora de la política de “abrazos, no balazos”. O por qué ha subido los aranceles a Canadá como respuesta a desacuerdos políticos, no comerciales. El caso de Brasil resalta la guerra arancelaria como respuesta a al juicio en contra de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, justificando la medida bajo argumentos de seguridad nacional y señalando las acciones del Gobierno brasileño como una amenaza extraordinaria. Esta imposición representa un primer paso para el uso de aranceles con fines de cambio de régimen o fortalecimiento de gobiernos aliados. Por ello, el gran reto para la Presidenta mexicana es saber cómo negociar acuerdos con una Casa Blanca que emplea los aranceles como instrumento de presión política y no meramente comercial.

Ya no hay cobija suficiente para “esconder” las diferencias entre los socios comerciales.