Violencia sexual en la Sedena

La periodista Zorayda Guadalupe Gallegos Valle, (Sonora, 1985) publica una investigación sobre el acoso y la violencia sexual que se da en el Ejército, en tres entregas en El Universal (9-10-11.07.25). Ahora retomo su artículo “Doce años de Violencia Sexual en la Sedena”, que es la primera.

En los últimos doce años la Fiscalía General de la Justicia Militar ha abierto 526 averiguaciones sobre “violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual”, pero sólo se han consignado 17 sentencias condenatorias, el 3.2%. Como a nivel nacional, la impunidad también campea en el Ejército.

Quien fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, ha conseguido la información del Ejército a través de la Ley de Transparencia, que no queda claro cómo va a funcionar en el futuro, y de ella obtiene que ninguno de los ocho generales acusados de delitos sexuales ha sido sentenciado definitivamente porque han logrado ser absueltos o porque las investigaciones se han archivado antes de llegar a juicio.

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Adaptarse no es opcional: Es urgente

Gallegos Valles, en 2021 participó en la investigación global Pandora Papers, y su indagatoria arroja que sólo un jefe militar ha sido condenado, esto en 2019, el mayor Carmelo Patiño Nájera, por violación a la soldado Naybeth Arzte, que vivió un largo y complejo proceso, para que su denuncia fuera tomada en cuenta por la justicia militar, para que después su agresor lograra salir libre en 2025.

En los correos del Ejército que filtró el grupo Guacamaya se puede ver, a partir de información de la Fiscalía de Justicia Militar, que en la mayoría de los 49 casos que involucran a jefes (coroneles, tenientes-coroneles y mayores) tampoco ha habido sentencias condenatorias.

La periodista, Premio Nacional de Periodismo, ha podido documentar, a partir del estudio de 20 expedientes, que de manera sistemática los abogados de la Defensoría de Oficio Militar, quienes representan a los agresores, y también los magistrados del Tribunal Superior Militar, intentan desestimar las acusaciones de las mujeres militares que denuncian las agresiones.

En 2018 y en 2019, en el Ejército, la Oficina para la Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) recibió 77 quejas y denuncias, pero al ser “estudiadas” fueron recalificadas de manera “adecuada y objetiva” y estas se redujeron en un 63.95%, sólo 36.05% fueron reconocidas como válidas.

Las víctimas, dice la coautora del libro Los 12 mexicanos más pobres, “no sólo deben resistir un proceso penal largo, tedioso y burocrático. A la par tienen que hacer frente a un mundo judicial militar cargado de estereotipos y prejuicios, a abogados que realizan preguntas morbosas, a jueces con argumentos sexistas y a magistrados que emiten fallos sin perspectiva de género y realizan juicios machistas y morales”.

A partir de seis mujeres militares, que la periodista entrevista como parte de esta investigación, que tiene el apoyo del Pulitzer Center, queda claro que existe un patrón de comportamiento de parte de quienes las “apoyan” con terapia para que “perdonen” a sus agresores y no procedan legalmente contra de ellos, para que todo quede como si nada hubiera pasado. Muchas de estas mujeres, de una u otra forma, son “invitadas” u obligadas por los acontecimientos a darse de baja aunque no era eso lo que querían.

@RubenAguilar